La venganza contra el adversario es uno de los sentimientos que acompaña a los políticos durante su vida útil –hay una gran cantidad de políticos con vida inútil, pero eso es otra cosa–. Ya sea que estén en la oposición esperando el momento de llegar al poder para instrumentar sus venganzas, o desde el poder implementándolas. La venganza es así parte del motor individual que mueve a muchos. Basta tener un puesto en un partido político para instrumentar alguno de los recelos que se guardan contra los demás: desde cancelarle una candidatura, limitar un acceso hasta la expulsión del instituto. Claro que no todo el mundo es así. Se ve que Peña Nieto era un bombón que lo que quería era llevarse bien con todos y al final pues parece que no le salió. No es el caso de otros expresidentes que uno puede imaginar cómo los movía su temperamento y su cálculo.
Una de las frases que más risa provocan en las mañaneras de esta cuarta transformación es cuando el presidente López Obrador dice que no es su “fuerte la venganza”. Nadie lo cree. Es un hombre profundamente rencoroso y vengativo. Nada lo detiene en el combate a quienes, él siente, le hicieron algo. Desde el ataque público, hasta la persecución y la cárcel. Su pecho no es bodega, dice. Quizá no sea bodega, pero sí un almacén de agravios y pus. Ahora persigue a quien compitió con él en la elección presidencial y al que el Presidente le llevó millones de votos. Eso no le basta. Necesita darle vueltas a la cazuela del veneno, reavivar los rencores que le dieron para vivir los últimos 20 años.
No tardaron sus fervientes admiradores en Morena en hacer lo mismo. Han aprobado una ley de juicio político que es un verdadero abuso. Es una herramienta para la inestabilidad del país y para anular la autonomía, la soberanía de los estados. Ahora la bancada de Morena en la Cámara de Diputados podrá hacerle juicio político y desaforar al gobernador que se les antoje, enjuiciar jueces y magistrados, funcionarios de órganos autónomos, en fin, todo listo para que quien no sea del agrado de su jefe sea sometido a juico político. Por supuesto la ley aprobada anula las capacidades de autonomía de los congresos locales, los rebaja a una simple oficialía de partes que tiene que cumplir con lo que se le ordena. Esto es muy grave, porque resulta que si una entidad escoge a un líder local, alguien que les guste y se perfile para ser un buen gobernador, los legisladores federales lo van a quitar para enjuiciarlo y la entidad nada podrá hacer.
Uno de los problemas de hacer leyes con dedicatoria es que normalmente se revierten. Ahora que Morena tiene una mayoría en la cámara, hace de su situación electoral una máquina para ajustar cuentas y mantener esos números. Eso no sucederá. Ya les pasó en las elecciones de este año, en las que en la CDMX les dieron una buena repasada en muchos lugares. Creer que su situación es eterna es un error. La voluntad ciudadana es volátil y tiene muchos resortes, aunque ellos no lo quieran comprender.
Esta ley de juicio político aprobada por la rufianada agrupada en Morena es verdaderamente un bumerán. Porque si bien es cierto que ahora pueden ir contra panistas y priistas, muy posiblemente en tres años se pueda operar esa misma ley en contra de los numerosos gobernadores que tiene ese partido y que van desde Sonora hasta la CDMX. Un juego peligroso, sin duda, pero la venganza tiene permiso presidencial.
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