Primero, la buena noticia: si usted es accionista minoritario del gigante de minería y transporte Grupo México, es posible que el presidente Andrés Manuel López Obrador le haya hecho un gran favor. Y, ahora, la mala noticia: si es inversionista en el mercado mexicano —este segundo grupo, por definición, incluye a todos los del primero—, es posible que AMLO, como se conoce al presidente, haya provocado un daño a largo plazo a su cartera.
Al entrometerse en el intento de adquisición de la unidad mexicana de Citigroup, Citibanamex, por parte del multimillonario Germán Larrea, AMLO parece haber ayudado a frustrar un acuerdo que los accionistas minoritarios de la empresa detestaban. Los detalles de qué condujo exactamente al abandono del acuerdo son escasos, pero las intrusiones de AMLO claramente espantaron a Larrea, el accionista mayoritario de Grupo México.
No obstante, las acciones de Grupo México registraron su mayor aumento en casi seis meses después del anuncio del miércoles. “Al no completar dicha adquisición, GMex evitará lo que creemos que habría sido un largo y desafiante proceso de integración y recuperación”, se lee en una nota de investigación de Morgan Stanley, que mejoró la calificación de las acciones de Grupo México.
Por supuesto, esto elimina solo una parte del riesgo político para Grupo México, ya que, la semana pasada, AMLO también decidió tomar posesión de una concesión ferroviaria que la empresa tiene en el sur de México. A pesar de información que señalaba que la firma y el presidente nacionalista habían llegado a un acuerdo sobre una compensación por esta toma de posesión, AMLO fue impreciso durante su rueda de prensa matutina del miércoles, donde dijo que espera un acuerdo pero que el Gobierno no va a pagar en efectivo. La empresa no ha hecho comentarios.
Esa es, básicamente, la mala noticia. Las disputas de AMLO con Grupo México son solo la evidencia más reciente de su renovado impulso para lograr que México se acerque más a su visión: una economía en la que el Gobierno esté involucrado en cada vez más negocios, en la que se invoque cada vez más a la “seguridad nacional” y al Ejército para justificar su intervención en el mercado, y en la que las empresas privadas estén cada vez más sujetas a los últimos caprichos del Gobierno. Sería como regresar al México de las décadas de posguerra, antes del auge del neoliberalismo de fines de los 80.
Así lo dijo AMLO en su conferencia: “Durante 36 años, el Gobierno se dedicó a facilitar, fue un facilitador de la transferencia de bienes de la nación a particulares”. Pero no llegó a declarar que esta era había terminado.
Cuando solo restan solo 16 meses de su mandato de seis años, el presidente sigue adelante con su enfoque. Hace poco anunció un acuerdo de 6 mil millones de dólares para comprar 13 centrales eléctricas antiguas a Iberdrola. Ahora está evaluando comprar Citibanamex.
Aún más inquietante es que el miércoles también planteó ampliar la deuda del Gobierno para ir tras esos objetivos. Según sus cálculos, la relación deuda a PIB de México es ahora tres puntos porcentuales más baja de lo que era bajo los mandatos de sus predecesores. Según AMLO, eso libera 900 mil millones de pesos que podrían usarse para financiar negocios como el de Citibanamex.
Eso es preocupante porque, si bien la situación fiscal del país es sólida, muestra señales de deterioro, como la caída de los ingresos presupuestarios en los primeros meses del año.
AMLO, quien hasta ahora ha gozado de la confianza del mercado de bonos, debe tener cuidado de no seguir el camino de otros presidentes latinoamericanos de izquierda, que han sacrificado la disciplina fiscal en busca de un mayor control político. Ese sería un error no forzado para una economía en expansión, con bajo desempleo y creciente inversión extranjera gracias al auge del nearshoring. Pero los antecedentes del Gobierno mexicano en la gestión de este tipo de empresas —por ejemplo, Pemex— no es precisamente tranquilizador.
“Nosotros sí necesitamos un banco”, dijo AMLO también el miércoles, y claramente no se refería a sí mismo, sino al Estado mexicano, ya que todos saben que AMLO no tiene cuenta bancaria. Ahora, el presidente sin banco, que tampoco usa tarjetas de crédito, persigue negocios de miles de millones de dólares como si él fuera una especie de operador de Wall Street.