El acceso a la información es un derecho humano, es decir, son las personas quienes hacen preguntas y piden información pública para que las autoridades entreguen lo solicitado, y es el Estado quien debe garantizar su cumplimiento. Las solicitudes no provienen del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), aunque haya voces que buscan desinformar al respecto.
Lo que sí hacemos en el INAI es impulsar que estas preguntas ciudadanas tengan una respuesta oportuna y completa, con base en lo que dice la ley. Este año, en medio de un debate político intenso y con la falta de tres comisionados del Instituto, hemos resuelto en mi ponencia 4 mil 406 quejas de ciudadanos que no estaban conformes con la información que recibieron. Cada una de ellas lleva consigo horas de análisis, seriedad y experiencia para resolver conforme a derecho.
En este año, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) fue una de las instituciones con más quejas frente a las respuestas otorgadas a la ciudadanía. Hasta el 15 de diciembre, en el INAI recibimos mil 147 recursos relativos a la estructura orgánica de la dependencia, condiciones laborales, nómina de servidores públicos, entre otras temáticas.
Padres de familia, estudiantes, directores de escuela o maestros, confiaron en que el INAI pudiera atender sus casos. Cuando las personas preguntan es porque hay una intención de fondo por utilizar esos datos, ya sea para reclamar la falta de un programa, una beca, recursos para sus escuelas o alguna irregularidad.
Lo mismo sucedió con instituciones como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) o la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Hasta este momento, en el Instituto hemos resuelto: 766 quejas contra la Cofepris, 387 contra Conagua y 281 contra la CFE.
Dicho de otra manera, estas dependencias entregaron a mil 434 personas, información que puede ser la diferencia para acceder a servicios públicos elementales como luz, medicamentos de calidad y agua.
De igual forma, la innovación tecnológica ha sido fundamental para captar el interés de la población y facilitar su vinculación con este Instituto. ¿De qué sirve tener una de las mejores leyes en el mundo si no se aprovecha? Por eso, como coordinadora del Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del INAI, hemos descentralizado la atención a todo el país a partir de herramientas que utilizan inteligencia artificial.
Gracias al Centro de Atención Virtual del INAI (CAVINAI) –un chatbot que responde de manera inmediata y precisa–, más de 45 mil personas han recibido asesorías para preguntar y presionar a que las instituciones públicas rindan cuentas, todo desde su celular o computadora.
Con estas acciones, cualquier mexicano en los 32 estados puede preguntar información pública sin traba alguna, y estamos listos para atender a todas aquellas personas que han recibido negativas o les han vulnerado sus datos personales.
En otras palabras, el INAI es un árbitro entre la autoridad y la ciudadanía para garantizar derechos. Porque la transparencia, citando a Jacqueline Peschard, “es un proceso de intercambio entre gobernados y gobernantes que sirve para reducir la asimetría informativa que existe entre ambos”.
La constante amenaza por desaparecer los derechos a conocer información pública y a proteger la privacidad, nos motiva a redoblar la defensa de los mismos con profesionalismo, argumentos técnicos y calidad moral. Desde que el Senado de la República me nombró parte del Pleno del INAI, mi postura no ha sido distinta.
Por cierto, llegó el día 15 de diciembre y la Cámara alta, una vez más, no realizó las designaciones correspondientes. Veremos qué nos espera en 2024 con el contexto electoral; sin embargo, seguiremos férreos en esta lucha por el bien de la democracia y el Estado de derecho.
La autora es comisionada del INAI.