En el primer debate presidencial, escuchamos propuestas en materia de transparencia y combate a la corrupción. Independientemente de que son tiempos electorales y que es inevitable la brecha entre lo proyectado –previo a gobernar– y lo alcanzable –una vez ocupado el poder–, es positivo que la corrupción sea nombrada como un problema grave que el Estado mexicano debe atender y que sigue sin resolverse; las preguntas realizadas por la sociedad y expuestas en el debate son clara muestra de ello.
Desde mi experiencia actual como comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de noviembre de 2020 a la fecha, y hablando como alguien que ha ocupado cargos de contralora de una entidad federativa, quisiera comentar algunos puntos que pueden enriquecer el debate sobre el tema.
Como lo expresó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe ‘Panorama Anticorrupción y de Integridad 2024′, existe una distancia importante entre el marco normativo mexicano para combatir la corrupción y la aplicación del mismo. Es decir, las leyes en la materia son de las más avanzadas a nivel internacional (una calificación de 93 puntos sobre 100) –por ejemplo, la Ley General de Transparencia es la segunda mejor del mundo–, sin embargo, las fallas residen en su implementación (53 puntos), lo cual es la causa principal de la impunidad. La ley existe, falta su aplicación.
Lo anterior refleja que un gobierno no puede pecar de ingenuidad al creer que las leyes por sí solas bastan para que sean cumplidas. Por ejemplo, el INAI surgió (como IFAI en 2003 y luego adquirió autonomía en 2014) por la falta de disposición de las autoridades para cumplir con las leyes de transparencia.
El aumento en la cantidad de recursos de revisión que resolvemos semana a semana en el Instituto –20 mil 905 en materia de acceso a la información entre octubre de 2022 y septiembre de 2023, 15.47 por ciento más que en el mismo periodo previo–, refleja que las autoridades (o sujetos obligados) continúan sin entregar información que es pública y que la ciudadanía les solicita, lo cual genera un clima de opacidad y aumenta la percepción social de la corrupción. No por nada Transparencia Internacional indica que México lleva cuatro años estancado en la percepción de la corrupción (31 puntos sobre 100).
En este sentido, existe ya un Sistema Nacional Anticorrupción y un Sistema Nacional de Transparencia; toda propuesta anticorrupción es bienvenida, pero considero que es pertinente adaptarla al esquema que ya tenemos. No vale la pena duplicar esfuerzos, sino optar por mejorar los ya existentes. El fortalecimiento y desarrollo del Sistema Nacional de Transparencia puede servir como caso de éxito en cuanto a coordinación interinstitucional se refiere.
Otro punto relevante es la autonomía en instituciones dedicadas a la transparencia y al combate a la corrupción. El INAI, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía General de la República (FGR), las fiscalías anticorrupción, por mencionar algunas, deben mantener y fortalecer su separación con el poder político. La independencia de dichos organismos es resultado de demandas históricas por controlar los abusos de poder y para que la sociedad pueda exigir rendición de cuentas.
Entre los puntos que se abordaron antier en el debate se encuentran salud y educación; en ambos necesitamos soluciones concretas. La sociedad quiere información y que no existan negativas de acceso o que se reserve o clasifique la misma alegando “seguridad nacional”, sobre todo si tomamos en cuenta que el 83 por ciento de las solicitudes reservadas están mal fundamentadas.
Nos hubiera gustado escuchar propuestas más ambiciosas, pero ubicadas en la realidad, también orientadas a la movilidad social y a terminar con la impunidad. Entre dimes y diretes, que quien llegue, aplique la ley.