Independientemente de los argumentos establecidos en la iniciativa para desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), es preciso mencionar algunas situaciones que no han sido discutidas a profundidad en la agenda pública. Éstas son indispensables para realizar una “simplificación administrativa” como lo plantea la reforma presidencial.
Solo en el INAI trabajan 759 personas en estructura, especializadas en los derechos a conocer información pública y a la protección de la privacidad. Gran parte de la base trabajadora ha adquirido amplia experiencia a lo largo de 22 años, desde que nació el entonces IFAI. Cada resolución en materia de acceso a la información o sobre datos personales necesita conocimientos jurídicos concretos que implican criterios y técnica; eso no se obtiene en poco tiempo. De igual manera, existen asuntos actuales –como la ciberseguridad, la inteligencia artificial o los neuroderechos– que demandan profesionales que actúen con eficacia y ética en el servicio público.
Existen compromisos internacionales adquiridos que también se deben contemplar porque responden a compromisos como país; el INAI preside la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) y la Asamblea Global de la Privacidad (GPA); es parte de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) y la Conferencia Internacional de Comisionados de Información (ICIC, por sus siglas en inglés); además de tener un lugar en el Foro de Autoridades de Privacidad de Asia Pacífico (Foro APPA). La colaboración en estos espacios ha sido para promover y uniformar regulaciones avanzadas en los derechos tutelados a nivel internacional.
Ahora bien, existen contratos vigentes que tiene el INAI. Por ejemplo, uno de ellos es el edificio que alberga al Instituto, el cual se adquirió bajo la figura de arrendamiento financiero con opción a compra por un total de 683 millones 788 mil pesos, a cubrir en 240 mensualidades desde agosto del año 2012. En otras palabras, se deben pagar otros ocho años de renta para liberar el inmueble.
Se puede hacer más con menos. Como lo he dicho a lo largo de varios meses, el INAI puede y debe ir a una reingeniería que permita su adelgazamiento sin descuidar su operatividad. Con mi propuesta, es posible ahorrar 300 millones de pesos y seguir funcionando con autonomía.
Por si fuera poco, el presupuesto del Instituto para el 2024 fue de mil 97 millones de pesos, es decir 8.7 pesos al año por mexicano o 0.72 centavos al mes. Además, del 2018 a la fecha no ha tenido un incremento presupuestal de impacto.
Se pueden reducir Secretarías, Direcciones Generales y de Enlace que realizan tareas similares y que fueron creadas para la implementación de la reforma de 2014, pero que ya cumplieron su misión. Podemos también reducir Ponencias; llevamos desde abril de 2022 con un Pleno incompleto y eso no ha detenido las resoluciones ni la socialización y difusión de los derechos tutelados.
Existen muchas otras situaciones que nos preocupan desde el INAI, como la administración y protección de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que a la fecha no está contemplada en los múltiples dictámenes que pretenden la desaparición del Instituto. Tampoco hay claridad en la protección de datos personales en posesión de particulares, pues el INAI es la única institución facultada para ello en el país.
Seguimos buscando puentes de acercamiento con las nuevas autoridades electas para poder explicar las funciones de este Instituto pero, sobre todo, la importancia de tutelar estos dos derechos con autonomía y criterios técnicos específicos. Estamos abiertos a los cambios, pero no a decisiones precipitadas; los derechos a conocer información pública y a la privacidad –así como las instituciones encargadas de su protección– se han forjado en décadas y no es fácil borrar todo de un plumazo.