Julio Madrazo

#BajaNOseDeja

Ahora que se promulgó la 'ley Bonilla', se han interpuesto acciones de inconstitucionalidad que requieren el voto de ocho ministros de la Corte para anular este agandalle político.

La 'ley Bonilla' ha sido motivo de innumerables editoriales, artículos y entrevistas. Esta semana el ingeniero Cárdenas fue muy claro: "si la Suprema Corte no falla a favor de la inconstitucionalidad de la ley, será el fin de la Corte". Si este intento de ilegalidad no se revierte, la democracia en México está amenazada.

El próximo sábado 26 se llevará a cabo en Tijuana la movilización #2Años,NoMás para enfrentar a Javier Bonilla y al Congreso local, que aprobaron la ampliación del periodo de gobierno a cinco años.

Todo en esta película de antidemocracia es patético: una consulta con 250 mesas, en lugar de cuatro mil 800 casillas; una consulta sin funcionarios independientes y sin lista nominal, frente a 19 mil funcionarios de casilla, ciudadanos insaculados, capacitados y un padrón de 2.8 millones de electores. Una consulta con una participación menor al 2.0 por ciento, frente a una elección con más de 840 mil votos.

Nada de eso le importa a Bonilla. Ahora que se promulgó la ley, se han interpuesto acciones de inconstitucionalidad, que requieren el voto de ocho ministros de la Corte para anular este agandalle político, el mayor de nuestra historia desde el Maximato.

Los convocantes a la protesta tienen un gran reto para movilizar de manera importante a la sociedad civil. Baja California lleva años, décadas, siendo el estado con la menor participación electoral de México. La alternancia de 1989 con el PAN de Ruffo, no vino acompañada de mejores gobiernos y la población se desencantó. Ese es, entre otras cosas, el caldo en el que Bonilla pudo cultivar su ley.

Un estudio reciente señala que el éxito de las movilizaciones sociales en Hong Kong, en Egipto y en otros países, ha sido que más del 3.0 por ciento de la población se suma a la protesta. Eso equivale unas 85 mil personas participando en BC para cimbrar el sistema político del estado y enviar una señal inequívoca a la Corte. Pero no todo es cuantitativo, el movimiento también debe sumar a líderes culturales y sociales con peso nacional e internacional que pongan el dedo en la llaga para garantizar que este atropello no se consume.

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