El 14 de noviembre el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de Transición de la PGJ a la Fiscalía General de Justicia. El asunto, desafortunadamente, ha pasado sin gran cobertura y análisis.
La bancada de Morena en el Congreso y el nuevo gobierno de la Ciudad de México se han propuesto crear un sistema de procuración de justicia al servicio de los ciudadanos. El andamiaje institucional actual de la PGJ es opuesto a lo que se necesita. Proponerse reformar la Procuraduría es una tarea destinada al fracaso. Un cambio de modelo de persecución criminal, que coloque en el centro de su quehacer cotidiano el derecho y el acceso a la justicia, necesita una nueva institución que no herede inercias del pasado. Por esta razón, la Constitución Política de la Ciudad de México establece un proceso de transición de la PGJ a la Fiscalía General de Justicia. Para conducir dicho proceso se creó una Comisión Técnica, que tiene a su cargo las labores de la transición, el diseño de una nueva institución, cada uno de sus procesos internos, perfiles y selección de recursos humanos, sistemas de gestión y de control interno. Un cambio de modelo de persecución criminal requiere primero definir cada uno de sus componentes y después aprobar el marco normativo. Es decir, no se trata de un mero cambio de nombre. El propósito es desmontar el viejo sistema de persecución criminal y transformarlo en uno al servicio de la justicia y la seguridad. Así pues, en los últimos días de noviembre, se designó esta Comisión Técnica que quedó integrada por siete expertas y expertos en la materia.
Lo anterior contrasta con la dinámica que existe a nivel federal, en la que no se ha logrado establecer un consenso para reformar el artículo 102 Constitucional, referente al diseño institucional de la Fiscalía General de la República.