Hace cinco años que en México venimos discutiendo la urgencia de tener una Fiscalía General de la República que dé resultados. Necesitamos una Fiscalía autónoma e independiente, que transforme a la PGR en una institución transparente y eficaz. Hoy la PGR no le sirve a nadie que busque hacer valer el Estado de derecho. Es incapaz, está podrida.
En octubre de 2016 un amplio y plural grupo de personas de la sociedad civil, empresarios, académicos, organizaciones defensoras de derechos humanos y otras, publicó un desplegado en el que urgían al entonces presidente Peña Nieto a reformar la Constitución y crear una Fiscalía sin los vicios de la Procuraduría. Una Fiscalía "desde cero".
Peña Nieto y el PRI se equivocaron y no actuaron en ese momento, cuando debían, para hacer las reformas y definir un proceso de nombramiento distinto del fiscal, así como un mejor diseño institucional. Ante el terror de un fiscal probo e independiente, que los pudiera perseguir, Peña y el PRI optaron por patear el asunto y dejar un encargado de despacho tras la renuncia de Raúl Cervantes.
Hoy en la 4T se tiene la posibilidad de construir un mecanismo de selección del futuro fiscal que sea transparente, con reglas claras y serias, que abone a la fortaleza y la legitimidad de esta nueva institución. En ese sentido se han pronunciado la CNDH, la CIDH, #FiscalíaQueSirva, #VamosPorMás y el Observatorio Designaciones Públicas en su lucha incansable contra la impunidad.
El Senado tiene todavía la posibilidad de mejorar el proceso que publicó en la convocatoria del 20 de diciembre. Es indispensable que los senadores no escatimen ningún esfuerzo para que la elección del fiscal general de la República esté a la altura de la transformación que el país exige y que responda al mérito, a la honorabilidad y a la trayectoria de quien sea designado. Trabajar de la mano y con el acompañamiento de la sociedad civil es una de las mejores maneras de garantizar que así sea.