A un año de la elección de 2018, tal vez el dato más revelador de la encuesta de Mitofsky es que 75 por ciento de la población considera que está mal que el presidente opte por "privilegiar la visión hacia el futuro y no castigar a corruptos". Sobre el tema, a nivel federal, 48.5 por ciento de la población piensa que hay menos corrupción que hace un año, y en contraste, a nivel estatal, 55 piensa que los niveles de corrupción siguen igual y un 27 por ciento piensa que la corrupción en su estado se ha incrementado.
No cabe duda que el hartazgo con la corrupción desmedida del gobierno de Peña Nieto y los gobiernos estatales de PRI, PAN y PRD, fue uno de los factores que más ayudó a López Obrador en su victoria electoral. Su diagnóstico y mensaje permanente en ese sentido hizo eco y capturó el malestar social: "La corrupción es la principal causa de nuestros problemas", ha repetido el presidente. Tiene razón, la corrupción está en el corazón de la inequidad, la inseguridad, los malos servicios públicos, la injusticia y la impunidad.
El presidente mantiene una enorme aprobación y un gran capital político para ir más lejos en su lucha contra la corrupción a niveles federal y estatal. No sólo se trata de que su administración sea honesta, los mexicanos también exigen justicia con quienes atracaron al país, dejándolo en las condiciones que AMLO heredó. A diario escuchamos a miembros del gabinete afirmar que les dejaron su institución 'deshecha'. La opinión merece información más específica de las condiciones en que están esas instituciones y de los excesos e irregularidades de quienes gobernaron el sexenio anterior.
No todo son males de 36 años. El gobierno anterior los exacerbó. Como bien apunta Roberto Zamarripa, parecería que el sexenio de Peña no existió, "salvo para entregar las llaves". Hace un año que AMLO ganó y Peña dejó de gobernar. Un país de leyes y Estado de derecho no puede nacer de tan sólo poner la visión en el futuro. Si la 4T acaba con la impunidad, habrá iniciado una nueva y mejor etapa en México.