Este domingo se celebró en Chile un plebiscito amplio a toda la sociedad para aprobar o no la nueva Constitución. El resultado fue aplastante: 62 por ciento votó en contra de la nueva Carta Magna, mientras que 38 por ciento votó a favor.
¿Cuál es el contexto? La Constitución vigente en Chile proviene del periodo pinochetista (1973-1990), de los años de la dictadura en que el general y su corte de conservadores redactaron y aprobaron una ley suprema de acuerdo con ese marco histórico y político.
Desde los primeros gobiernos de transición democrática hasta los más recientes, todos los presidentes (Frei, Lagos, Bachelet, Piñeira, etcétera) han coincidido en la necesidad de dotar a Chile de una nueva Constitución progresista, de vanguardia, con miras al siglo 21.
Muchos son los principios que se han discutido en más de dos décadas: equidad de género, energías limpias, los derechos y reconocimiento a los pueblos indígenas, las garantías a la educación universal, y muchos más.
El nuevo gobierno de Gabriel Boric (el más votado en la historia electoral de Chile) se sentía con el respaldo popular suficiente para lograr la aprobación del nuevo texto constitucional. Algo falló y el resultado fue un contundente rechazo.
El 62 por ciento en contra no deja lugar a dudas; el propio presidente apareció en mensaje televisivo desde la residencia oficial de La Moneda, el domingo por la noche, para asumir el mensaje claro de las urnas y para convocar a un nuevo periodo constituyente a partir de esta misma semana.
En algo se equivocaron los constitucionalistas del gobierno al redactar el nuevo texto. Sectores inconformes, no sólo de la derecha, sino de las propias izquierdas que apoyaron la llegada de Boric a la Presidencia, votaron en contra. La centroizquierda y alguna otra agrupación de la izquierda liberal llegaron a la conclusión de que el texto era pobre, incompleto y carecía de elementos de representatividad universal.
Muchos políticos hicieron campaña a favor y en contra de la nueva Constitución.
Entre los puntos más criticados aparecía la desaparición del Senado chileno, un órgano legislativo de contrapeso, esencial en la estructura de gobierno.
Otro elemento en contra –según encuestas en línea y redes sociales– fue la llamada multinacionalidad chilena, un concepto que pretendía reconocer la diversidad de los pueblos indígenas, pero que provocaba desunión en vez de la consolidación de una sola nación. En esa misma ruta, establecía diferencias frente a la ley de esos grupos polinacionales, lo que provocó críticas de diferentes sectores.
Complejo proceso de satisfacer a cada comunidad en Chile, a los conservadores, a los liberales, a los moderados o a los radicales. Cada quien tiene una postura con matices y diferencias.
Lo que resulta inequívoco es que la enorme mayoría (alrededor de 80 por ciento) quiere una nueva Constitución y deberán redactar un texto lo suficientemente amplio y flexible, que incluya a todos y que otorgue derechos y garantías universales sin distingos.
Una nueva modalidad electoral que debutó este domingo fue la del voto obligatorio: 85 por ciento de la población participó en la consulta. Una activa voz sin precedente en Chile.
La construcción de una nueva Constitución es un tema delicado a la luz de los debates internacionales, del triunfo de las voces minoritarias que se convierten en mayoritarias.
Chile ha dado al mundo y al continente lecciones incuestionables de vocación democrática, de convicción libertaria y de derecho. Superar la dictadura de Pinochet, darle vuelta a la página y construir un nuevo país ha tomado casi 30 años.
Es un proceso que aún no concluye.