Los abogados del expresidente afinan su artillería de batalla contra la justicia estadounidense. El eje es demostrar que el entonces presidente Trump gozaba de inmunidad jurídica –constitucional, de hecho– “para tomar decisiones y ejercer funciones oficiales en su calidad de presidente”.
Bajo este ambiguo argumento, su equipo jurídico pretende ampararse en la inmunidad de su cargo, al asegurar que convocar a su entonces vicepresidente –Mike Pence– y a los legisladores a revisar el proceso electoral de 2020 y actuar en defensa de los intereses del pueblo estadounidense, era ejercer sus funciones presidenciales y realizar “actos oficiales” de gobierno.
Lo que en realidad quería y exigió a Pence y a muchos legisladores republicanos fue rechazar los resultados electorales y desconocer la victoria de Joe Biden.
La línea es delgada, pero la estrategia es incisiva y pudiera llegar a ser efectiva ante la Suprema Corte.
Los abogados afirman que Trump actuaba conforme a derecho al exigir que los resultados electorales del estado Georgia –donde tiene abierto un juicio por intento de manipulación electoral– fueran rechazados y que estaba dentro de sus funciones por “defender los intereses del pueblo americano”.
Es, en los hechos, una argucia jurídica, porque lo que pretendió en realidad fue que se cancelaran actas, se rechazaran votos demócratas y le “aparecieran”, como por acto de magia, 3 mil votos a su favor que le hubieran otorgado la victoria en ese estado.
Está grabado en llamadas telefónicas con su voz desde la Casa Blanca al secretario de gobierno de Georgia, quien tuvo la precaución de grabar la conversación, la fidedigna presión presidencial para torcer los resultados electorales de ese estado.
Entre otras estrategias, está además desestimar los casos porque afirman que ya fueron incluidos en alguno de los juicios por desafuero –impeachment– a los que fue sometido por el Senado. Argumento débil e inexacto, puesto que los procesos fueron anteriores a las elecciones.
Un elemento jurídico adicional está en la decisión del estado de Colorado de impedir que Trump aparezca en las boletas electorales, por considerarlo inelegible bajo las múltiples acusaciones jurídicas en su contra.
Aquí hay un elemento constitucional –afirma la defensa de Trump– que impide a los estados de la Unión asumir posiciones jurídicas que impidan decisiones o actos del gobierno federal. Es decir, estarían impedidos de bloquear el nombre de Donald Trump en las boletas en las elecciones federales en noviembre, justamente porque se trata del gobierno federal.
Son apenas los primeros días de enero y la Corte Suprema tiene múltiples y abultados expedientes que deliberar en torno a Trump.
La clave estará en su batalla por la inmunidad, alegar que lo que hizo durante noviembre y diciembre de 2020, y finalmente su involucramiento –por probarse aún– en los funestos ataques al Capitolio en enero de 2021, estaba protegido por inmunidad presidencial.
Ahí se centra hoy la estrategia de los abogados.
Ha pasado a segundo plano, aunque no desechado aún, el tema del calendario electoral. Posponer los juicios hasta después de las elecciones era la postura anterior, basada en su hipotético triunfo en las elecciones de este año, que le concederían nuevamente inmunidad y además la muy poderosa facultad de otorgarse el ‘autoperdón’.
Aún están vigentes sus requerimientos de posposición de los juicios, pero ahora los abogados le apuestan primordialmente a la inmunidad en el ejercicio de su cargo.
Recordemos que Trump designó a tres ministros de la Corte Suprema, rompiendo con toda tradición democrática en Estados Unidos y, además, rompiendo también el balance entre liberales y conservadores.
Su equipo de defensa confía en que esos ministros designados por Trump siendo presidente votarían a favor de cualquier resolución que lo libere de toda culpa o responsabilidad.
Expertos judiciales en Estados Unidos afirman que será una batalla épica por la defensa de la Constitución y las facultades presidenciales, los excesos de poder y el flagrante golpe de Estado ‘blando’ que el propio Trump intentó para descarrilar el proceso de validación electoral, en favor de Joe Biden.