Quedan solamente ocho días para la partida formal de Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos y no serán pacíficos, tranquilos, ni tersos en la Unión Americana.
El FBI dio a conocer ayer información acerca de protestas y marchas, incluso armadas, organizadas por seguidores y simpatizantes de Trump en todo el territorio estadounidense. El Buró Federal de Investigaciones emitió alertas a todas sus oficinas y a los capitolios, las sedes de los congresos estatales, señalados como los blancos de dichas marchas. La detención de alrededor de 50 de los manifestantes que la semana pasada irrumpieron en el Capitolio federal en Washington, ha sido la pieza clave para obtener información reveladora acerca de los planes de dichas organizaciones.
Armas, banderas, bombas molotov, acusaciones de un fraude inexistente serán las herramientas de esas protestas, programadas para tomar calles y oficinas públicas desde el 16 hasta el 20 de enero próximos.
Sabíamos que Trump no se iría en paz, no mostraría altura política ni estatura institucional. Ha sido el principal punto de ignición, el detonador de estas marchas y protestas al insistir que hubo fraude demócrata y que Biden es ilegítimo. Una historia que conocemos bien en México: el sembrar la sospecha de una elección fraudulenta –sin pruebas ni sustento– para desacreditar por completo al nuevo presidente.
Ayer lunes la bancada demócrata en la Cámara de Representantes presentó cargos formales para iniciar –de forma exprés– un nuevo proceso de destitución de Trump antes de que abandone la Casa Blanca. Las acusaciones son graves: incitación a la violencia e insurrección, que deberán ser votadas el miércoles, sólo siete días antes de la toma de posesión. Parecería ocioso por parte de los legisladores, un acto de venganza final y desesperada, pero tiene serias implicaciones políticas. Si la destitución prosperara, los derechos políticos del señor Trump se verían afectados de por vida: nunca más podría presentarse a un cargo de elección popular, mucho menos –como se ha adelantado– candidato presidencial para 2024.
Pero esto no se ha acabado. En los ocho días que restan veremos el proceso de destitución, las marchas incendiarias en varios estados, aunque la cancelación de cuentas en redes sociales al presidente podría ser un factor que aminore su impacto e importancia, especialmente después del desastre y el ridículo mundial en que resultó su intentona golpista del pasado miércoles 6 de enero.
Pero queda aún pendiente el tema de su 'autoperdón' antes de irse, y los respectivos perdones presidenciales otorgados a sus hijos. Dos abogados clave de su administración, aliados durante la mayor parte y hoy separados y distanciados de su equipo, William Barr, fiscal general por más de tres años, y Pat Cipollone, consejero jurídico de la Casa Blanca, recomendaron enérgicamente al presidente no hacerlo. Pero la tentación es alta y el temor grave de que podrían enfrentar cargos por una serie indeterminada de delitos, aumenta la necesidad de un salvoconducto.
La opción de la dimisión de Trump para que Mike Pence –vicepresidente convertido en presidente por los últimos días– fuera quien otorgara el perdón, estuvo sobre la mesa hasta el miércoles pasado. Ese día la negativa del vicepresidente Pence de desviar el proceso electoral al no reconocer los votos en el recuento de validación del Congreso, provocó la ruptura y el distanciamiento entre ambos. La oficina de Pence ha sido muy clara los últimos días, en reafirmar a cadenas americanas que el señor Pence no jugaría bajo ninguna circunstancia el rol de emitir un perdón presidencial a Trump. Ésta es la conocida fórmula Ford-Nixon, el mecanismo mediante el cual se procesó la renuncia de Richard Nixon (1975) y el inmediato perdón presidencial por los delitos electorales del histórico caso Watergate.
Por lo tanto, sólo queda a Trump emitir perdones a sus hijos y finalmente a él mismo, curso jurídico que tanto el procurador Barr como el consejero Cipillone desestimaron basados en un viejo memorándum (1974) del Departamento de Justicia que establece que el presidente en funciones no se puede perdonar a sí mismo. De cualquier forma, no existe ley al respecto y, eventualmente, podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia.
Lo que sí está legislado son los alcances de dicho perdón que protegen exclusivamente contra cargos federales y no estatales. Un dato de trascendental importancia considerando que algunas de las investigaciones más avanzadas en contra de Trump están abiertas por el fiscal de distrito del estado de Nueva York, por delitos que van del lavado de dinero, el fraude fiscal, la evasión fiscal, el tráfico de influencias, conspiración para cometer delitos y otros varios.
En la última semana, veremos aún al presidente desesperado por cubrir con un halo protector a sus hijos, recuperar en alguna medida su prestigio –totalmente destruido– frente al liderazgo republicano y reforzar la idea errónea de que le robaron la presidencia.
¿Cómo conservar su ascendencia entre sus seguidores sin Twitter ni Facebook? Aún no ha encontrado esa respuesta, pero queda una semana.
Esto aún no termina.