El presidente López Obrador le dijo ayer a los padres de las víctimas de Ayotzinapa “no hemos fallado y no vamos a fallar”.
A cinco años de iniciado este gobierno, parece una afirmación de carcajada, ¿no le parece?
Cinco años para determinar los hechos, para desmantelar la versión de las investigaciones anteriores, para encarcelar al anterior procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada. Murillo pudo haber cometido —hay muchos expertos que lo afirman— errores en la investigación, excesos en los interrogatorios —tortura— o alteración de la escena del crimen para conducir a sus conclusiones. ¿Pero acusarlo de desaparición forzosa? Resulta escandaloso. Murillo no los mató, ni los mandó desaparecer, incinerar, dispersar sus restos, y todas las tragedias que sucedieron aquella noche.
Acusar a Murillo responde a un interés político de López Obrador y su patético movimiento, para “resarcir” a las víctimas encerrando a quien les dijo, lo que no querían oír.
Aquí van cinco años sin alcanzar pruebas contundentes sobre los hechos de aquella noche, sobre los responsables definitivos, y el giro de inculpar a las autoridades es, más bien, sesgado e inútil.
A los padres, aunque algún sentimiento de venganza pudiera existir, o de antipatía, no les sirve de nada que el entonces procurador —el que se cansó en la inolvidable conferencia de prensa— se encuentre tras las rejas. No se aclaran los hechos, no se detiene a los verdaderos responsables.
La gran demanda no atendida sigue conduciendo al Ejército, la corporación que supo, presenció, tuvo información y que, aparentemente, se hizo a un lado para evitar aquella tragedia sangrienta.
Los padres siguen insistiendo en que se aclare qué mando militar fue el responsable de las acciones u omisiones aquella noche.
Los intentos de Alejandro Encinas, desde Gobernación, han sido insuficientes para arrojar luz absoluta y claridad sobre los acontecimientos.
El coronel detenido y sometido a proceso, es apenas el hilo más delgado que encubre a todo el mando militar por sus decisiones, por sus omisiones.
Más aún, esta administración ha cometido el enorme error de liberar a varios de los detenidos, señalados como responsables, informantes o testigos de los crímenes.
El gobierno de la 4T concentró sus energías durante cuatro años, en acusar a los anteriores, algo que, al paso del sexenio, hemos comprobado como una recurrente habilidad para evadir responsabilidades.
“No hemos fallado...” les dice el Presidente, es una burla en su rostro. ¿Dónde están los responsables? ¿Dónde está la cronología de hechos comprobada? ¿Dónde están las investigaciones en torno al oscuro e inalcanzable gobernador Aguirre, a quien todo el mundo borró de cualquier expediente? ¿Dónde está la completa relatoría —bitácora— de hechos de esa comandancia militar durante esa noche y los días siguientes?
Decir “no hemos fallado… y no fallaremos” es un insulto franco a los padres de las víctimas, que siguen esperando la verdadera realidad. No les gustó la “verdad histórica” de Murillo, pero en los hechos, este gobierno ha sido incapaz de contradecir en esencia, lo afirmado por aquel reporte. Hay matices, del destino de los grupos, de la separación de los estudiantes, de los criminales que dieron las órdenes, del involucramiento y conocimiento de los Abarca. Pero que fueron asesinados y calcinados, no han podido desmentirlo a lo largo de esta administración.
Cuando AMLO y su movimiento clamaron “fue el Estado”, los padres de las víctimas y sus no pocos activistas, construyeron la versión de un enemigo institucional, por encima de los criminales.
Un asesinato de Estado, ordenado y fraguado desde las más altas esferas del poder.
Esta versión, construida y explotada por Morena, López Obrador y la 4T, no se sustenta al paso de los años.
AMLO miente cuando les dice en su cara “no hemos fallado”.
¿Cuánto tiempo más, Presidente, considera usted que tardarán en llegar a las conclusiones? ¿Otro sexenio? Porque a este ya se le acabó el tiempo, y nada más les dio largas y pretextos a los padres de las víctimas.
Esta constante intención explícita o encubierta, de liberar al Ejército de toda responsabilidad, suena a un franco encubrimiento. Tal y como los familiares han pensado desde hace mucho.
Recuerde usted que querían entrar a los cuarteles, porque alguien había jugado con su esperanza y les había hecho creer que estaban presos en alguna mazmorra castrense. ¡Falso! Murieron esa noche, y solo han extendido el velorio para fines políticos.
El único tema es que quienes hoy gobiernan, tampoco tienen las respuestas definitivas y, peor aún, aquella “verdad histórica” está vigente.