En su más reciente ataque al Poder Judicial de la Federación a partir de la liberación de Emilio Lozoya del reclusorio, el presidente López Obrador calificó como “podridos” a jueces, magistrados y ministros.
Dijo que “hemos perdido todos los casos, por culpa de los jueces”.
Fue más lejos, al colmo de la confesión metaconstitucional y francamente delictiva: “cuando estaba Zaldívar, nosotros, respetuosamente, interveníamos”.
El presidente no solo reconoce públicamente que viola la separación e independencia de poderes, sino que exhibe la sumisión abyecta del ministro —hoy en retiro— Arturo Zaldívar.
Un retrato fiel, auténtico, fidedigno de la mal llamada transformación.
A los ojos del presidente, los jueces deben acatar las instrucciones del Ejecutivo, obedecer a pie juntillas a la Fiscalía para ‘castigar’ a los infractores.
El ridículo es de la Fiscalía, dependencia autónoma incapaz de integrar expedientes sólidos, con evidencias contundentes y pruebas irrefutables.
Los expedientes se caen, las investigaciones son malas, y los jueces no tienen más remedio que otorgar los recursos que la ley establece. Esa es la justicia, la que fija la ley, el marco jurídico, los plazos que expiran para detenciones y recursos, los amparos que, en el mismo marco, presentan las contrapartes en defensa de los acusados.
Juan Collado está en libertad por falta de evidencias y sigue su proceso desde su domicilio, con grillete electrónico y firma periódica para prevenir fuga o escape.
Y lo mismo sucede ya con Emilio Lozoya. La justicia no es por simpatía ni contentillo, es por la ley que nos rige.
El presidente es incapaz de señalar al fiscal Gertz Manero y su rosario de incompetentes, como los responsables por la pobre integración de los expedientes y las averiguaciones.
Pero más aún, no olvidemos que a Lozoya se le ofrecieron múltiples ventajas desde su llegada a México, a cambio de inculpar a funcionarios de la anterior administración: léase, el exsecretario de Hacienda y luego canciller Luis Videgaray, o incluso, al propio expresidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Lozoya no pudo aportar pruebas, evidencias que sustentaran sus dichos, por lo que dejó de ser útil a la Fiscalía y la fantasmagórica lucha contra la corrupción de la 4T.
Hoy es liberado, no por su inocencia —inexistente a los ojos de muchos— sino porque la Fiscalía no ha podido demostrar la culpabilidad de los cargos por los que se le acusa para que un juez emita sentencia en un sentido o en otro.
México es el único país en los que operaba la brasileña Odebrecht mediante corruptelas y tráfico de influencias, que no tiene un solo culpable sentenciado.
Al abogado Juan Collado, a quien se le encarceló por un juicio mercantil relacionado con la Caja Libertad, que después transformaron en delitos penales, lo mantuvieron cuatro años y dos meses en la cárcel, y también le ofrecieron inculpar a otros a cambio de su libertad.
Al abogado Collado, hoy en libertad, le presentaron un grueso documento de cientos de páginas para inculpar a un encumbrado ejecutivo televisivo, quien, aparentemente, pretendía apropiarse de la Caja Libertad, propiedad de Collado.
El abogado se negó a hacerlo, y a cambio le aplicaron —sin sentencia— dos años más de cárcel, que cumplió inevitablemente.
¿Quiénes son los podridos, entonces?
¿Los que se valen de recursos legales para dirigir ataques políticos?
¿O están podridos los jueces por fallar con base en derecho?
Este no es el primer gobierno que se vale de la ‘justicia’, o del aparato de prosecución e impartición de justicia para fines políticos.
Lo hizo Peña con Ricardo Anaya. Lo hizo De la Madrid con Jorge Díaz Serrano.
Lo han hecho tantos. Por ello, por mucha conferencia matutina y circo mediático, denuestos y acusaciones, son exactamente iguales a los de antes.
Podrida una Presidencia que ataca al Poder Judicial, que interviene en sus fallos y decisiones, que influye en las sentencias de los jueces.
Podrido un ministro que se somete al poder presidencial, influye y ejerce su peso sobre jueces y magistrados.
Con la llegada de la ministra Piña a la presidencia de la Corte, se regresó al respeto a la autonomía de los jueces, que tanto molesta e irrita al presidente.
Vaya forma de concluir la otrora brillante carrera de Arturo Zaldívar. Renunció a la ley y a la justicia por la militancia partidista y la sumisión ideológica. ¡Qué derrota para la República, para el Poder Judicial y para la democracia!
Nadie sostiene que el Poder Judicial sea un paseo de blancura y de impoluto desempeño. Claro que hay corrupción en juzgados, magistrados y procesos.
Pero hay que reformarlo, no eliminarlo ni someterlo al Ejecutivo como pretende el presidente. Mejor revisar los continuos escándalos de corrupción en su gobierno, los negocios de sus hijos y parientes, los sobreprecios estratosféricos en sus proyectos emblema. Hay mucho que investigar.