La tragedia de los 43 jóvenes desaparecidos, masacrados e incinerados en Guerrero, se aproxima al décimo aniversario.
Una década de engaños, tropiezos, traiciones, silencios cómplices y ominosas investigaciones fallidas.
Aquel discurso incendiario de Andrés Manuel entre el 2015 y el 2018, lo alcanzó y demostró la gravedad de mentir y engañar en campaña para conquistar unos votos fáciles a costa de los yerros gubernamentales.
Luego se convirtió en gobierno; se tropezó con la misma piedra y con su propia lengua.
AMLO prometió limpieza y transparencia en una investigación reparatoria a los padres de las víctimas. Torció las evidencias y las pruebas jurídicas para complacer a la grada demandante de sangre y encarceló, sin sustento, al exprocurador Jesús Murillo Karam.
El exfuncionario ‘cansado’ de Peña no fue el responsable de la desaparición de los jóvenes. Ni del brutal crimen en contra de los normalistas de Ayotzinapa.
Se le podrá señalar, salvo evidencia jurídica aún no presentada, de eventual tortura para obtener testimonios, o de acomodar las evidencias para ofrecer un resultado que todos conocimos como ‘la verdad histórica’. Pero evidentemente no es culpable de la desaparición y muerte de los jóvenes.
AMLO actuó cual Nerón de la 4T, lo condenó al cadalso para la fiebre enardecida del circo romano.
A los padres les prometieron la verdad, que seguimos buscando, porque ellos se manifiestan, seis años después de AMLO, insatisfechos.
Los trabajos de Alejandro Encinas arrojaron, al final, conclusiones muy semejantes a la condenada ‘verdad histórica’: los jóvenes sí fueron detenidos por los grupos criminales, separados, ajusticiados y posteriormente incinerados. Todo idéntico al dictamen de hace unos años en la administración anterior.
La gran diferencia aportada por Encinas fue el involucramiento de efectivos y mandos medios del Ejército mexicano, estacionados ahí en la base de Iguala. O por acción directa, por complicidad o por omisión, algunos miembros de ese destacamento específico han sido señalados como corresponsables de los hechos.
Como resultado de esas investigaciones durante este sexenio, nueve militares fueron sometidos a proceso, con lo que pretendieron tranquilizar a los padres y ofrecerles –además de la cabeza de Murillo injustamente encarcelado– una ofrenda para su paz y resarcimiento.
Pero los padres no están satisfechos ni en paz, ni contentos con este gobierno, y el presidente les prometió la verdad absoluta y los culpables tras las rejas.
Especialmente desde que se ha sabido que algunos de esos nueve militares fueron liberados por falta de pruebas, evidencia o elementos que demostraran su culpabilidad.
Entonces los padres se declaran engañados. No solo llegó este gobierno a las mismas conclusiones que habían denostado en inflamado discursos en las plazas de aquella campaña ¡”vivos se los llevaron, vivos los queremos”!, sino que además, a ojos de los padres, los militares y los altos mandos que –en opinión de sus abogados– tuvieron que haber sabido y autorizado lo que fuera que hicieron o dejaron de hacer al no intervenir, no fueron llevados a la justicia.
Es un juego de engaños, de promesas incumplidas, de traiciones y, por encima de todo, de un rédito electoral explotado por años, a costa del dolor y el sufrimiento de 50 familias.
Rentable en la retórica electoral de oposición; inútil, estorboso e incómodo en el ejercicio del gobierno y de la investigación judicial.
Los hechos son los mismos. No se pueden modificar a fuerza de discursos y de promesas.
Claudia Sheinbaum heredará sin horizonte de solución alguna el mismo problema al que ahora plantean nuevos métodos.
¡Seamos serios! Y tengan la piedad y el honor de sentar a los padres y decirles toda la verdad y los alcances de sus inútiles investigaciones repetidas. Cerrar el caso, concluir el expediente. No hay más restos, no hay posibles funerales ni el cierre emocional de las familias al enterrar a sus muertos.
Para ellos, para los padres, prevalece la versión tan explotada por AMLO de “fue el Estado”. El problema ahora es que ‘el Estado’ lo representa él que prometió resolver el tema. Se le acabó el tiempo, y subsiste el agravio y la herida seis años después, que sumarán 10 desde los desgraciados acontecimientos.
Hasta Abarca pretende ahora salir de la cárcel por problemas de salud, siguiendo el ejemplo –que no jurisprudencia– aplicado a Murillo Karam.
Los padres seguirán penando, con las fotos de sus hijos y las leyendas a cuestas, los dolores y las enfermedades que se acumulan. Con la certeza punzante de que fueron instrumento político.