AMLO mintió. Dijo y repitió mil veces en campaña que no lanzaría una cacería de brujas en contra de funcionarios de administraciones pasadas y rompió su promesa.
La acusación presentada por la Fiscalía General de la República en contra de Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y exsecretario de Relaciones Exteriores, no es otra cosa más que eso: cacería inútil, absurda, insubstancial para buscar chivos expiatorios en gobiernos pasados.
Las aparentes evidencias que la Fiscalía comparte hasta ahora, consisten en dos testimonios de Emilio Lozoya, un delincuente confeso al que la autoridad mexicana le ha otorgado una serie inexplicable de concesiones a cambio de 'salpicar' y acusar a otros.
Lozoya no sólo fue responsable de los sobornos de Odebrecht, sino de otras fechorías al frente de Pemex. Detenido, en arresto domiciliario de privilegio, cuando debería estar en un reclusorio, acusa y reparte culpas a otros servidores públicos de la administración Peña. El gobierno actual, en aras de mantener el circo de la cacería en acción, lo exprime de vez en vez, lo amenaza con confiscar una de sus propiedades y lo mantiene quieto y vigilado en su casa.
La Fiscalía informa que en dos ocasiones intentó presentar el expediente en contra de Videgaray frente a un juez, mismo que rechazó las acusaciones por falta de elementos para abrir un proceso.
Se le acusa de delitos electorales, al haber utilizado dinero producto de sobornos de Odebrecht para campañas del PRI en diferentes entidades. Delito que, por cierto, si se aplica al 2012, habrá ya caducado.
Conscientes de ello, le imponen el increíble y desproporcionado delito de traición a la patria, por su naturaleza atemporal. El o los supuestos delitos electorales concluyeron su vigencia y se busca uno mayor, aunque con la misma evidencia: financiar campañas con dinero proveniente de una empresa extranjera.
Lo más grave para la Fiscalía es que va a tener que comprobar con evidencias sólidas dichas acusaciones, que a estas alturas, se ve inviable.
Luis Videgaray fue sin duda el brazo derecho de Enrique Peña Nieto. Desde la campaña y antes, en el propio gobierno del Estado de México, el Dr. Videgaray se convirtió un el alter ego de Peña, para decidir, planear, construir estrategias, ejecutar políticas. Para nadie es un secreto que las capacidades de Videgaray en el ámbito político como en el hacendario y económico, le hicieron depositario de todas las confianzas del señor Peña.
Admirado por muchos, criticado por otros, señalado como altivo o distante, Videgaray transcurrió el sexenio con más méritos y servicios a su jefe y al país que tropiezos, hasta que llegó la infausta visita de aquel innombrable candidato republicano Donald Trump. Ahí el Dr. presentó su renuncia al presidente, un gesto de altura política para asumir y cargar toda la responsabilidad. Casi un año después, fue invitado de regreso al gabinete como secretario de Relaciones Exteriores, desde donde construyó la 'relación especial' con Jared Kushner, yerno de Trump ya instalado en la Casa Blanca.
Videgaray fue un funcionario eficiente, capaz, profesional. Si hubiera evidencias claras de actos de corrupción, no se hubiera trasladado a la academia a vivir como un sencillo profesor universitario. No es congruente. Todo político que construye un patrimonio personal o familiar, como Lozoya, lo disfruta en casas, mansiones, viajes, propiedades y la aparición de súbitas empresas, como muchos exgobernadores o exsenadores de cualquier partido. Los funcionarios públicos mexicanos (estudio pendiente del CIDE o alguna otra institución de prestigio académico en México) se transforman en empresarios y terratenientes al final de sus encargos. Videgaray no, es hoy profesor de posgrado en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets) que, por cierto, aprecia mucho su cátedra y su trabajo al frente de proyectos de investigación.
Acusar a alguien de traición a la patria es absolutamente desproporcionado, apunta más a fines políticos y partidistas, que judiciales.
Resulta vergonzoso que la Fiscalía seudoindependiente se preste a la agenda política del presidente, en vez de hacer un trabajo pulcro y ejemplar –como prometieron– para acabar en este país con la corrupción verdadera.
La administración pasada estuvo llena de corruptos y cometió excesivos actos de abuso en contra del patrimonio nacional, negocios, prestanombres y privilegios. Pues que se investigue, se procese y se abran carpetas de investigación. Acusar a Videgaray de ser el orquestador de Odebrecht en México, es un acto de venganza y deslumbrón político, porque fue, en los hechos, el número dos del gobierno pasado. Es un poco como acercarse a Peña y ponerlo a remojar para fines mediáticos, tan útiles al presidente López Obrador.
¿Andan buscando corruptos? Pues busquen bien. Por qué no se dan una vuelta por los liderazgos sindicales, y los responsables de manejar esos fondos; por qué no revisan las universidades en el caso de la 'estafa maestra'; hay docenas de expedientes en la Auditoría Superior de la Federación, en estados, secretarías o paraestatales. Hay contratos desde Pemex y la CFE otorgados en la administración pasada que son, cada uno, una joya de análisis jurídico.
Como por ejemplo, los recientes señalamientos de la Auditoría en el propio gobierno de la Ciudad de México en 2019, ya bajo la gestión de la señora Sheinbaum. Ahí, si el espíritu de combate a la corrupción es auténtico, valdría la pena echar un ojo, porque alguien está haciendo negocios con contratos y fondos a prestaciones sociales, en el gobierno de doña Claudia.