La salida de Carlos Urzúa y su carta de "denuncia", más que renuncia, exhibe mucho más allá que diferencias técnicas o de enfoque en el manejo de las finanzas públicas. Pone en evidencia graves contradicciones de estrategia, operación política y mando del presidente. Un analista señaló que el gabinete parece Montessori, pero los defensores del prestigiado sistema educativo protestan, porque ellos son más estratégicos y ordenados, afirman.
El presidente encargó a Alfonso Romo, el jefe de su Oficina, según la propia declaración de López Obrador ayer por la mañana, la banca de desarrollo, pasando por alto las facultades constitucionales del secretario de Hacienda.
Y después los dejó patearse entre sí durante seis meses. Nombramientos, controles, juntas absurdas donde no se hablaban unos con otros; es decir, una guerra sin cuartel por el control de las dependencias. Al presidente seguramente le parecerá esto normal: echar a pelear a los gallos, a ver quién sale vencedor. Todo indica que ganó Romo, pero tal vez perdió el país con uno de los pocos funcionarios sensatos de este gobierno.
La otra discrepancia seria, según palabras del presidente, estuvo en el Plan de Desarrollo, del que Hacienda preparó un proyecto sólido, con metas, objetivos, mediciones y parámetros de evaluación. El presidente lo rechazó furioso y lo "complementó" con un documento más cercano a una declaración ideológica de principios que a un plan de acción económica. Los dos llegaron al Congreso para su revisión y aprobación. Para quienes leyeron ambos, dicen que no había correspondencia alguna entre un documento y otro.
Esta sea tal vez una de las más grandes y hondas discrepancias. El hoy exsecretario entendía su función como la de un ministro de Finanzas en el siglo XXI, que administra un presupuesto, controla las variables de gasto, programa las de ingreso, vigila la recaudación, prevé y planea escenarios adversos para la Hacienda pública. El presidente –lo demuestra su documento al Congreso– concibe la función de forma mucho más ideológica. No se trata de realizar todas esas funciones y, sobre todo, evaluar los alcances de un programa. Sino de convertirse en un ideólogo en defensa de los más necesitados, que oriente el gasto a los pobres, que olvide los tecnicismos de las métricas y los presupuestos, absurdos componentes del neoliberalismo.
Hoy en la mañana lo confirmó: "Ese plan lo podrían haber hecho Meade o Carstens –con todo respeto". Es decir, no habría cambio ni modificación con el pasado que López Obrador pretende romper.
El problema es que, le guste o no, pero la Hacienda pública requiere de todos esos elementos: control, supervisión, planeación, ejercicio del gasto programado, supervisado, etcétera. Al presidente eso no le gusta.
Pero hay más discrepancias. Evidentes ya las de confrontación al interior de un gabinete claramente disfuncional.
El hoy exsecretario señala desconocimiento de la Hacienda pública, decisiones sin sustento y además conflicto de interés. Es muy grave, porque contradice las posturas de transparencia y rechazo absoluto a la corrupción. El presidente respondió ayer por la mañana que no había evidencia de ello.
Es muy sencillo afirmar, como lo hará con otros en el futuro, que "no aguantaron" la fuerza, el impulso de la transformación. Pero en los hechos, la realidad parece sustentar los señalamientos del señor Urzúa.
Este gobierno no ha celebrado licitaciones ni concursos de obra. Todo lo han asignado de forma directa, por la decisión del gobierno, sin oposición ni competencia entre proveedores. No es un ejemplo de transparencia.
Abundan los casos de torpeza, ignorancia, lento aprendizaje en funcionarios y servidores de distintas dependencias, que desconocen la seriedad y profundidad de sus responsabilidades. La curva de aprendizaje del nuevo gobierno ha resultado larga, sinuosa, y lamentablemente no ha concluido.
Del conflicto de interés aún está por definirse, porque hay señalamientos claros de vínculos familiares entre funcionarios, asesores del presidente, servidores públicos.
Todos amparados bajo la extensa y difusa 'moralidad' presidencial, que pretende extender cual cobijo protector a sus colaboradores.
Por si faltaran elementos de sustento en la carta que apuntan no sólo a discrepancias, sino a contradicciones escandalosas, habla de decisiones sin sustento. No creo que necesitemos de muchos ejemplos, pero ahí está la caprichosa cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco, que ahora –producto de otra insensatez descabellada– se pretende inundar. Y la consiguiente construcción de un aeropuerto donde todos los expertos califican como inviable, y sume a eso una refinería a un costo elevadísimo bajo el castigo del Presupuesto al gobierno federal: salud, educación, turismo, etcétera.
Las discrepancias no son sólo de visión, sino de convicción: una Hacienda sana, austera, pero bien administrada, contra una Hacienda descabellada, que reparte inmensas cantidades de dinero sin beneficio directo a la economía nacional, porque no generan inversión, infraestructura, vaya, ni siquiera consumo.
Una última lección para aquellos que discrepen: aquí no hay cabida, más que para los que sigan la cartilla, piensen igual y obedezcan.