Aniversario con festejo del presidente de la República por sus dos años de incuestionable victoria electoral. En cualquier otro mandatario sonaría a frívola lisonja en los tiempos que vivimos: pandemia generalizada, miles de muertos en México con un aparato de salud desvencijado e incapaz de contener contagios; crisis económica con desdén por la inversión y pérdida de millones de empleos (formales e informales) y, para rematar, un escenario complejo, inseguridad desbordante por el crecimiento del crimen y la inexistente estrategia del gobierno. En medio de todo esto, alcanzó para conmemoración y discurso.
El presidente señaló hace un par de días, en un austero ejercicio de autoevaluación –debemos reconocer– tres aciertos a los que luego, agregó un cuarto. Según él mismo: atención a los pobres, combate a la corrupción, no represión al pueblo, no censura por un gobierno de libertades.
Veamos cada uno por separado. La prioridad en la atención a los pobres es sin duda una meta prioritaria, lamentablemente no tenemos elementos ni indicadores para medirla ni evaluarla. La distribución de programas sociales, aparentemente extendida en algunos sectores de la sociedad, carece de datos sólidos y probados que nos permitan tener una visión clara. ¿Ha servido? ¿Llega a donde tiene que llegar? ¿Ha corregido problemas? ¿Es sólo un paliativo para fomentar clientelas electorales? No sabemos con certeza, porque no hay información confiable. Uno de los 100 compromisos asumidos al principio de la administración, la transparencia en toda acción de gobierno, es claramente una promesa incumplida.
La atención a los pobres es dudosa, porque hay amplios señalamientos de agentes y promotores de Morena en la acción social y la distribución de programas, lo que lo convertiría en un operativo electoral de manejo político. El INE tan criticado y señalado por el presidente –otro error de su administración– ordenó hace meses retirar la imagen del propio presidente, su nombre y el de su partido, en la entrega de programas, cheques, despensas. No son regalos personales del mandatario, son del gobierno de México.
El segundo acierto que se adjudica el presidente es el combate a la corrupción. Un rubro en el que no hay evidencia, ni pruebas, ni casos, ni investigaciones claras y transparentes de la lucha contra este mal endémico en nuestra sociedad y clase política. El presidente decidió asumir el combate mediante el discurso diario, la catilinaria contra los corruptos, pero en los hechos, no hay casos sólidos. Rosario Robles –lo hemos dicho en varias ocasiones– está en la cárcel de forma ilegal, con una credencial falsa que aceptó un juez balín; Lozoya viene en camino desde España justo como premio al aniversario, en lo que apunta a un acuerdo negociado para "colaborar con la investigación" y apuntar a otros. Eslabón esencial para el circo vengativo de AMLO, cartas que utilizará a su debido tiempo y con oportunidad precisa. Tanto García Luna en Estados Unidos, como Collado en prisión, obedecen a méritos ajenos –DEA, FBI, CIA el primero, y juicio mercantil el segundo. No hay una sola institución anticorrupción funcionando en México. Pura saliva.
El tercer acierto, la no represión al pueblo, es parte de la grave confusión del presidente y sus colaboradores entre el ejercicio de la fuerza pública para defender la seguridad de la ciudadanía, y la auténtica represión. Es un asunto perdido, porque no hay comprensión clara de la dicotomía entre ambas. Si una turba sale al espacio público, rompe, roba y destroza, se le permite, porque lo entienden como un acto en ejercicio de su libertad, sin importar los delitos cometidos en el hipotético ejercicio de su derecho. No entiendo por qué un gobierno debiera presumir que no reprime, cuando es ilegal y rompe el Estado de derecho. Presumen que cumplen la ley... ¿no es su función?
Por último, un tema polémico relacionado con los medios y nosotros, periodistas y comunicadores. Se ha respetado la libertad plena, a pesar de "ser el presidente al que más se ha insultado en más de 100 años". Otra distorsión. La crítica es insulto para Andrés Manuel López Obrador, prueba de que ser gobierno y oposición no es lo mismo.
Cuando AMLO acusó de "chachalaca" al presidente Fox no fue insulto, sino ejercicio de crítica política. Cuando acusaron a Calderón de alcohólico –sin pruebas ni evidencias– o a Peña de inculto e ignorante, no fueron insultos, sino meras descripciones de esos servidores públicos.
Lo que no menciona el presidente es que ningún mandatario en la historia ha utilizado la alta tribuna de su investidura, para arremeter contra medios, periodistas, comunicadores, analistas y críticos, que le son molestos e incómodos porque arrojan luz sobre asuntos que él preferiría dejar en la oscuridad o la desatención pública. Ni López Portillo cuando pronunció la inolvidable frase "no pago para que me peguen" al retirar la publicidad al semanario Proceso, se atrevió a mencionar por nombre al medio o a sus plumas o directivos.
López Obrador acusa –todos los días sin presentar prueba ninguna–, señala, alimenta a sus sabuesos desde la Presidencia con el uso de redes (bots y trolls) en la persecución de voces críticas. Es otra forma de ejercer la censura, más sofisticada en los tiempos digitales.