Educación, ¿reforma semántica?
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Educación, ¿reforma semántica?

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Educación, ¿reforma semántica?

16/05/2019

Con bombo y platillo, con el anuncio previo del compromiso cumplido, la nueva reforma educativa se convirtió en constitucional en la Mesa Directiva del Senado (22 congresos estatales la aprobaron). El Presidente afirma que se cumplió con los maestros y adelanta que se reunirá con el SNTE y con la CNTE el lunes, aunque por separado.

Mientras eso sucedía ayer, en las grises, calurosas y muy contaminadas calles de la Ciudad de México, un contingente de la CNTE marchaba en protesta por lo que se aprobó. “No debimos esperar nada de ustedes”, rezaban las consignas de la Coordinadora y los rótulos de sus mantas. Siguen insatisfechos, a pesar de todo el circo para complacerlos.

Quieren que se “abrogue” la reforma anterior, lo que supone un inútil debate jurídico: en el momento que entre en vigor la recién aprobada, la anterior queda sin efecto. En los hechos, abrogada, pero el gobierno dice cancelada, que a los rijosos no gusta. Quieren tener el orgullo gremial de escupir a la administración anterior, al decirles que echaron abajo su reforma.

En los hechos, en los detalles del texto, todo experto en materia educativa afirma que se avanzó. Que esta nueva reforma consiste en una reforma de segunda generación, que profundiza y amplía los efectos de la anterior. Lo sostienen porque incluyen educación primera, aquella que se imparte en kínder y antes de la primaria, educación superior, criterios de inclusión de pueblos indígenas, reforma de normales, etc. Junto a estos avances, también hay pérdidas, serias y penosas: el INEE (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación), que cambiará su nombre –tendencia favorita de esta administración, retoque, maquilladita y seguimos con lo mismo–, entregará su autonomía, pero conservará algunas de sus funciones. Le reportará directo al Presidente, no a la SEP. Vamos a ver cómo funciona.

Pero en el camino se han cometido serias irregularidades. La primera y más importante es que la iniciativa y hoy reforma constitucional no está acompañada de un proyecto de impacto presupuestal, los cálculos que suponen la implementación de las nuevas medidas. De eso nada, con lo que por cierto se viola la ley y el reglamento legislativo.

Pero ahí no termina el tema, y por ello el reclamo de los radicales.

Viene la discusión y reglamentación en las leyes secundarias, aquellas que determinarán muchas funciones específicas de la educación “federal”. ¿Qué le corresponde al gobierno federal y cuáles son las responsabilidades de los estatales? En todos sentidos, tal vez con mayor énfasis en el presupuestal, pero también en el pedagógico, en la capacitación docente y en los modelos de contratación. Dos estados de la República (Chiapas y Oaxaca) tienen firmado su contrato colectivo con la CNTE, mientras que el resto de país lo tiene con el SNTE. Se aplican criterios distintos, demandas diferenciadas, prestaciones y exigencias variables. Más aún, los señores de la CNTE quieren tener control absoluto del ingreso al sistema educativo, con pase automático desde las normales, control de plazas y la consiguiente corrupción de venta, herencia y comercio de las mismas.

Los señores de la CNTE dicen por las calles que no quieren una reforma “parchada”.

La gran interrogante es qué va a hacer el Presidente: ¿qué les van a conceder? ¿Qué les prometieron para que no bloquearan la votación en el Congreso? ¿Plazas, presupuesto, una combinación de ambas?

El gobierno está convencido de que les cumplió la promesa de campaña: se “canceló”, ha dicho AMLO, la reforma anterior con el famoso memorándum que instruía a dejar sin efecto la ley vigente –absolutamente ilegal–, y logró la aprobación de una nueva, sin los elementos “punitivos” de la anterior. Complacidos debieran estar, a los ojos del secretario y el equipo presidencial. Pero no lo están, porque en el fondo quieren las plazas y el dinero, simple y llanamente la educación, los programas, las evaluaciones –canceladas y bloqueadas en sus estados– les importa un cacahuate. Ellos quieren el dinero, y parece que el Presidente no está dispuesto a ser rehén de grupos facciosos.

No lo sabremos. Se reunirán el lunes. Buscarán acuerdos y promesas, pero luego vendrá el debate por las leyes secundarias –la que substituye al Servicio Profesional Docente– y la Ley General de Educación. Ahí estará el detalle, donde la oposición ha elevado voces de alerta por el ambiguo texto del borrador presentado.

¿Quién definirá la contratación de maestros? ¿Quién es y será el patrón único de los maestros a nivel federal? Interrogantes que aún tendrán que responderse en los siguientes debates parlamentarios.

Por lo pronto la nueva reforma parece más bien semántica: a la evaluación le llaman selección docente –no sea que se vayan a ofender–, a lo que era el INEE, Centro de Valoración Docente –para que suene bonito, porque eso de evaluar, eso es punitivo.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.