A lo largo de este primer año de gobierno, se ha puesto de manifiesto el particular método que utiliza el presidente de la República para 'sondear' a la opinión pública.
Es sabido que la oficina presidencial no utiliza agencias o despachos especializados en medir percepción pública. A diferencia de sus predecesores, algunos de los cuales dependían de dichas mediciones o agencias para definir rutas de gobierno, estrategias de comunicación y hasta implementación de políticas públicas. Fox, Calderón y Peña tuvieron contratadas a lo largo de sus administraciones a una –de cabecera– o varias agencias especializadas en investigación y opinión pública.
AMLO considera un gasto superfluo –como tantos otros de gobierno, de transporte y de política presupuestal– el invertir en despachos que realicen ese trabajo de forma metodológica y profesional. Tiene uno mejor: su propia presencia en plazas públicas, en aeropuertos y aviones, en espacio que le permitan el contacto directo con la ciudadanía.
Maestro del encuentro personal, dominador absoluto del contacto y comunicación con población abierta, sabe bien que sus limitantes radican en gente de mayor preparación, con académicos y técnicos especializados en diversas áreas. Por ello prefiere evitar esos encuentros. Sólo cultiva y frecuenta aquellos donde su voz y su mensaje patriarcal es visto y percibido como el líder de la patria, el padre de las multitudes.
Pero cuando se trata de política pública, de iniciativas de ley controversiales, de medidas polémicas por contravenir el orden establecido o por modificar el marco jurídico existente, el presidente ordena la filtración de documentos, de planes, y proyectos aún no anunciados u oficiales, que le permiten tomar el pulso de opinión pública.
Ayer ese aparato del que 'nadie es responsable' fue exhibido por la propia declaración del senador Germán Martínez, cuando la enorme confusión de presentar el paquete de reformas al Poder Judicial de la Federación ante el Senado, quedó en mero chasco incomprensible. Germán declaró "no se hagan, que ellos mismos las filtraron".
El fiscal no las presentó, la Consejería Jurídica de la Presidencia tampoco, nadie del Poder Judicial involucrado, pero copias circulaban por redacciones de medios desde el martes por la tarde. Hojas sin membrete, apenas impresiones de un procesador, dirigidas a la Mesa Directiva del Senado. ¿De dónde salió eso? ¿Quién fue responsable de la filtración? ¿Con qué propósito?
El paquete incluye la Ley Nacional de Ejecución Penal; la Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica; el Código Penal Nacional; la Ley de la Fiscalía General de la República; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; además de modificaciones a 14 artículos constitucionales relacionados con las normatividad de las leyes arriba mencionadas.
Un paquete significativo que, en opinión de varios juristas y académicos constitucionalistas, se trata de una seria disminución a la autonomía del Poder Judicial federal. Las iniciativas o reformas –no estudiadas en su totalidad todavía, según los expertos– presentan una agresiva concepción del Poder Judicial, sin que los señores ministros de la Suprema Corte hayan sido consultados o involucrados en su proceso.
Es desde el Ejecutivo que se prepararon estas iniciativas que iban a ser presentadas ayer, y no sucedió.
Germán Martínez, al hablar de que las reformas "venían mal", eran regresivas y controladoras del Poder Judicial, se defendió diciendo "hagánse locos; como si no hubieran filtrado los borradores para medir los ánimos".
Ricardo Monreal, presidiendo la Junta de Coordinación Política con todos los coordinadores parlamentarios más invitados especiales –Gertz Manero, Sánchez Cordero, Julio Scherer– dijo "para hacer caldo de pollo, hace falta pollo", mejor nos esperamos a que nos manden las iniciativas. Vestidos y alborotados, manejaron el ridículo con penosa sonrisa.
¿Quién jaló la cuerda? ¿Por qué se canceló la entrega si todos los medios tenemos copias de las iniciativas?
Una vez más la Presidencia 'echa a andar un borrego' para ver cómo reacciona la opinión pública, medir el pulso, hacer ajustes y tomar decisiones.
Parecería así el burdo intento del hoy gobernador Bonilla en Baja California al pretender instalarse por encima de los márgenes que la ley señala.
Medidas controversiales, controladoras, centralizadoras, son 'evaluadas y sondeadas' de forma filtrada y aparentemente accidental. El titular, el jefe máximo, mide así el sentir popular a varias iniciativas y propuestas. Método extremadamente burdo por incompleto, por superficial –no se llega a análisis profundos ni especializados– porque es incapaz de ofrecer resultados globales, probados estadísticamente. Una vez más la improvisación y las decisiones al 'aventón'.