¡Es una gran noticia! Una fantástica confirmación de que la ley no se puede doblar, acomodar ni rendir ante los caprichos políticos del momento. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó en su Sala Superior, por votación unánime, la validez de la elección de Baja California en la que resultó electo para gobernador el señor Bonilla por un periodo de dos años.
Todos los intentos, cochupos, manipulación, señalamientos de compra y extorsión de los ilustres legisladores de ese estado, han resultado vanos frente al fallo definitivo e inapelable del Tribunal. El lamentable señor Bonilla, que pretendió torcer la ley a su antojo, con el aún más triste y deplorable apoyo de la señora Polevnsky de Morena para lograrlo, ha sido rechazado con base en derecho por parte del Tribunal.
Este episodio, ejercicio, para algunos "puesta en práctica adelantada", provocó enorme debate político y electoral en México. Expertos, académicos, líderes políticos y partidistas, salieron a la arena de la discusión para argumentar –en su mayoría, la improcedencia del atropello pretendido por los morenistas– y dejar constancia de que la ley electoral no se puede modificar una vez iniciado el proceso en cuestión. Cambiar las reglas del juego una vez iniciado el partido, es inconstitucional y los morenistas quisieron pasar por encima de ello y aplastar con su fuerza –y el dinero del señor Bonilla– para modificar los términos, los plazos y el periodo. ¡Gravísimo! Hubiera sentado un precedente nefasto en el proceso electoral mexicano, dejando a merced de unos palurdos vendidos en el Congreso local, la facultad de pisotear cualquier ley argumentando la "soberanía del estado". Penoso y lamentable.
Pero esto permite también una reflexión de más largo aliento y extensión.
Tenemos un sistema electoral sólido, costoso en opinión de muchos y repleto de candados y mecanismos, producto de la desconfianza, que los propios partidos instalaron en sucesivas reformas a lo largo de los últimos 13 años.
Sin embargo, es un aparato transparente, legal, incuestionable en cuanto a sus procesos y complejas organizaciones de movilización ciudadana para organizar comicios. Debemos cuidarlo, protegerlo, blindarlo y fortalecerlo ante cualquier intento que pretenda debilitar al INE. Los hoy muy orondos y orgullosos dueños de las mayorías, llegaron al poder gracias a esas condiciones de competencia, de insaculación ciudadana, de validación de actas y de sistemas de resultados. Valdrá una revisión, por parte de los propios consejeros –que no de los partidos en el Congreso– para buscar mecanismos de ahorro. Varios de ellos han sometido a consideración de expertos la posibilidad de avanzar en urnas electrónicas, en votos digitales, que ahorren papel y boletas –extremadamente caras por los sellos de seguridad para evitar falsificaciones– en sistemas que reduzcan los elevados presupuestos que invertimos como país en nuestros comicios. Pero no aplicar recortes a rajatabla, discutir la desaparición del Instituto, subordinar la función de organización electoral a la Secretaría de Gobernación, distorsión de la que nos libramos desde hace casi 25 años, desde la histórica y deshonrosa caída del sistema a manos del inolvidable secretario Bartlett.
El avance debe ser irreversible. Que se abra la discusión a otros mecanismos, a la consistente reducción de dineros entregados a los partidos, cambiemos el formato de los debates, que se eleven los controles para evitar la compra del voto. En fin, hay muchos espacios donde podemos mejorar nuestro marco jurídico-electoral, pero ninguno que atente contra la independencia, autonomía, reducción o empequeñecimiento del INE.
El ejemplo de Bonilla en Baja California demuestra la intención de un grupo político por debilitar el marco de derecho, por acomodar la ley en su beneficio. Es inadmisible y el Tribunal merece un reconocimiento y felicitación.
Seguramente pretenderán apelar, debatir y defender un recurso sin sustento, pero la ley está por encima de cualquier discusión política. En estos acalorados tiempos en que se debate sobre la ley y la justicia, la preeminencia de una por sobre la otra, los intentos de doblar el marco jurídico o peor aún, desconocerlo y demeritarlo, defender el derecho y el fallo del Tribunal son de vital importancia para todos.