Si alguna lección ha dejado al gobierno su campaña de combate al robo de combustibles, esta pudiera ser que enfrentar al crimen es mucho más complejo de lo que originalmente pensaban.
A pesar de que seguimos en una consistente sequía informativa, no sabemos de investigaciones, detenciones, personal de Pemex retirado o sujeto a proceso, lo que queda claro hasta ahora, es que el primer golpe al delito se realizó al interior de la paraestatal. Control y vigilancia de las estaciones, de las refinerías, del célebre panel de control de ductos y la red de distribución de pipas. Hasta ahí.
De todo el delito externo a Pemex, los cárteles, las organizaciones de huachicoleros, los pueblos y comunidades enteras que viven del delito, no hay nada. Un solo operativo, detención, arresto, nada.
La muy reducida y debo decir comprometedora vigilancia de pequeños destacamentos militares, han sido agraviada, insultada y desafiada por los delincuentes. Con potenciales consecuencias para la imagen y prestigio de las Fuerzas Armadas.
Pero el tema es que la estrategia del gobierno se ha centrado, hasta ahora, en el control de la red de distribución y en la contención del delito interno. Muy bien, atinado, oportuno, necesario para México, aunque sin planeación adecuada ni una red extensa para satisfacer la demanda.
El otro componente del delito, el más grave y más difícil de combatir, neutralizar, eliminar, el externo, el de todas las organizaciones criminales involucradas en la ordeña, distribución y venta de combustibles, permanece intacto, y peor aún, desafiante y en reto frontal y abierto a la autoridad. La tragedia de Tlahuelilpan y los múltiples videos difundidos, muestran a cientos de personas –civiles– acudiendo jubilosos y festivos a robar gasolina. Unos muy pocos soldados, a los que ahora injustamente se les señala por omisos e inactivos para evitar y prevenir el horror de la explosión y el incendio humano, exhiben con claridad la desatención de la gente a los llamados de prevención de los soldados. "No se acerquen", "es peligroso", "puede haber una explosión", "no respiren eso", se oye en varios videos que circulan por las redes.
El presidente de la República aparece todas las mañanas, en un ejercicio cada vez más extenso y preocupante –seguro hay cosas más relevantes que hacer en un momento de crisis–, a expresar con molestia el número de veces que ha sido perforado o boicoteado un ducto. "¡Otra vez! Volvieron a perforar…". "Se suspendió el suministro porque picaron otra vez… ¡Ya van 5!"
Perdón, pero ¿qué esperaban?
¿De verdad consideran que los criminales iban a abandonar una actividad altamente rentable, relativamente sencilla y plácidamente permitida en México por años?
Lamento disentir de la convicción del presidente, que con base en la poderosa herramienta de su autoridad moral logrará convencerlos de suspender el robo, la ordeña, la distribución y la venta. Alguien tendría que tener un mínimo de profesionalismo, la secretaria Sánchez Cordero –que afirma trabajar muchas horas y dormir pocas, ¿acaso desconocía usted la naturaleza de esa responsabilidad?– o el secretario Durazo, y explicarle al presidente que la naturaleza del crimen organizado no responde exclusivamente a una dinámica de pobreza económica, como él parece defender todos los días.
Andrés Manuel López Obrador piensa febrilmente que elevando el nivel económico de las familias, otorgando miles de pesos en ayudas y programas sociales, en automático disminuirá el crimen.
Muchos expertos a nivel internacional coinciden en que activar la economía, mejorar el empleo y extender niveles de bienestar social, reduce índices de delitos del orden común: robo a mano armada, a casa habitación, robo de automóviles. Pero los delitos considerados mayores, el narcotráfico, el robo de combustibles, el lavado de dinero, tienen otras dinámicas y curvas de comportamiento. Ninguna de ellas obedece a la situación económica, sino a la corrupción, la impunidad, el combate frontal a los criminales, los castigos ejemplares.
El convencimiento del presidente tendrá muy poco o nulo impacto en la actividad criminal de los huachicoleros; pedirles que ya no roben no servirá de nada. Incluso si pone fábricas y otorga prestaciones en Hidalgo, Puebla y el Triángulo Rojo del huachicol.
El crimen organizado obedece a parámetros de rentabilidad, riesgo, eficiencia, extensas áreas de la autoridad o la ley abandonadas, desatendidas. Los cárteles involucrados en el robo de combustibles encontraron un negocio altamente rentable, de bajo riesgo en comparación con los operativos antinarco del Ejército y la Marina. Incluso con muy reducido costo de vidas: se obtiene fácil, se vende fácil y todos participan. Inmejorable.
El gobierno tendrá que diseñar estrategias más sofisticadas y complejas para combatir este delito, que incluya cárcel, sentencias, detenciones y arrestos, operativos contra poblaciones involucradas.
La ley no se negocia, no se convence, no se pregona. Se aplica.