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Se ha mencionado ya en este y otros espacios los múltiples frentes que el nuevo gobierno está abriendo, con consecuencias aún desconocidas, pero todas ellas preocupantes.
La gravedad en el sector energético con la crisis por el combate al robo de combustibles, se ha visto agravada por la pobre percepción de Pemex en el extranjero. Ya apuntábamos aquí, hace un par de semanas, la torpeza en la presentación de un mediocre plan de negocios de la paraestatal por parte del señor Velázquez –nuevo jefe Financiero de Pemex– ante inversionistas de Nueva York. Las consecuencias están hoy a la vista con el descenso en el grado de inversión de Fitch Ratings a la deuda de la paraestatal.
A esto agregue usted la crisis con la CNTE, la incapacidad e indecisión de aplicar la ley en el bloqueo a vías federales de comunicación –delito consignado en el Código Penal Federal– y la tragedia educativa a la que el país se avecina, entregando las plazas al SNTE, eliminando la evaluación y borrando del mapa el servicio profesional docente. Un retroceso significativo para el país.
Pero le adelanto a usted otro escenario de consecuencias muy graves: el acelerado deterioro en el Sistema Nacional de Salud.
El nuevo Presupuesto para 2019 aprobado por la Cámara de Diputados, establece un recorte del 20, 30 y en algunos casos hasta del 40 por ciento a diversos Institutos de Salud Pública (Cancerología, Nutrición, Pediatría, IMSS, ISSSTE, etc.). Estos recortes producen de inmediato la suspensión en la renovación de contratos a médicos por honorarios, esenciales en el aparato de prestación de servicios para ofrecer consultas y atender pacientes. En consecuencia, los médicos de planta se ven sobrepasados por la demanda de servicios que, de por sí, es enorme.
Si un paciente debía esperar 30 o 40 días para poder tener ingreso a quirófano o para una quimioterapia, imagine usted que ese tiempo se convierta en 120 días. Un paciente con cáncer grado dos, o tres puede convertirse en nivel cuatro en esos cuatro meses. ¡Gravísimo!
Los recursos públicos que la federación destinaba a los estados para el Seguro Popular, serán retenidos por el gobierno para destinarlos a otros propósitos, generando con ello el desmantelamiento de facto del Seguro Popular. La instrucción es que esos pacientes –millones de mexicanos– busquen atención en el IMSS, que por cierto está a tope.
La reunión del presidente con el secretario de Salud el pasado 13 de diciembre en Mérida, pretendía "invitar" a los gobernadores asistentes –unos 15 en total– a firmar un nuevo acuerdo para la salud en México, donde se establecía la redistribución de recursos y que fueran los estados quienes se hicieran cargo de sus propios hospitales. Los gobernadores rechazaron la firma y se negaron a aceptar. Hoy el gobierno está suspendiendo el envío de esos recursos y los gobernadores están desesperados.
Germán Martínez, director general del IMSS, un abogado experimentado y un político con experiencia, tuvo ya enfrentamientos con el Dr. Alcocer, nuevo secretario de Salud, quien responde solamente "no hay dinero, deben operar con lo que tienen". Martínez envió un memorándum al subsecretario de Hacienda encargado de distribuir los recursos, donde le señalaba la responsabilidad jurídica en que incurría el detener la entrega de fondos al IMSS. La respuesta inmediata fue el depósito al Instituto para hacer frente a sus obligaciones.
La Cofepris detuvo en diciembre los permisos de importación y exportación a los laboratorios médicos, produciendo de golpe la suspensión en la producción de medicinas. Sin activos químicos, base de todo medicamento, el laboratorio no puede poner a trabajar sus plantas. En más de una ocasión hemos escuchado la afirmación de que habrá "medicamentos gratis para todos", lo que ante la forzada parálisis de laboratorios no se ve el mecanismo para lograrlo.
El gobierno está convencido de que existe un mercado negro de medicinas robadas de los Institutos de Salud Pública (IMSS, ISSSTE y todos los demás), que seguramente es real aunque desconozcamos su auténtica dimensión e impacto. El problema es que, al estilo del huachicol, todo parece indicar que cerrarán el suministro de medicinas para evitar el robo. Imagine usted el impacto para los enfermos que requieren de sus medicamentos.
Como hemos visto esta semana con las calificadoras internacionales, el gobierno culpará a laboratorios por el problema, cuando de fondo es el propio gobierno y sus medidas de austeridad y control el detonador de una bomba de consecuencias muy serias.
Nadie parece dimensionar el pronosticado colapso del Sistema Nacional de Salud. Ajustar los presupuestos bajo la muy primitiva idea de que están excedidos tiene ya en crisis a varios hospitales e institutos de salud, que son incapaces de recibir y atender la demanda poblacional por saturación y baja de personal.
Por si faltaran elementos, el ISSSTE recibirá ahora a miles de burócratas medios y altos, a quienes les fue cancelado su seguro de gastos médicos, incrementando la saturación del Instituto al que, al mismo tiempo, le recortan presupuesto.
Si consideran cambiar el sistema, transformarlo para mejorar los servicios, adelante, pero sin afectar a millones de pacientes que no tienen alternativa de atención médica.