El pasado martes, un palurdo del estado de Tabasco tuvo la osadía de declarar "sufragio efectivo, SI REELECCIÓN" desde la tribuna del Congreso local. El improvisado lleva por nombre Charlie Valentino y milita como legislador de Morena en el Congreso de Tabasco, el mismo que hace unas semanas aprobó de forma ignominiosa la 'Ley Garrote', que prohíbe, sanciona y elimina la protesta y manifestación pública en ese estado.
La locuacidad del personaje, un típico "sácale punta" que pretende quedar bien con alguien, viene a colación por otros desmanes que protagoniza Morena en distintas partes del país. La 'Ley Bonilla' en Baja California, a modo para ese otro impresentable antidemócrata que fue electo para dos años, pero él quiere romper y violar la ley para quedarse cinco.
Aparecen en distintos rincones del país estos personajes que llaman a destruir uno de los preceptos básicos de nuestra república: el principio de no reelección. Es el sustento del nacionalismo revolucionario del siglo XX, el motor de la incipiente democracia construida por la victoria de Francisco I. Madero en 1910. Bajo este lema y principio se terminó con la dictadura de Porfirio Díaz de 34 años en el poder y fue el arranque de la Revolución Mexicana.
Estos hechos pudieran sugerir acciones aisladas, producto de la ocurrencia, ignorancia y la torpeza de algunos personajes, carentes de auténticas convicciones democráticas. Pero la repetición, la constancia de efectivos de Morena –de forma predominante–, aunque en Baja California diputados de otros partidos aprobaron la moción para extender el gobierno de Bonilla, eleva la sospecha de una estrategia para construir una idea creciente en este sexenio, para modificar la Constitución.
El Presidente insiste en la revocación de mandato, que no es otra cosa que un engaño disfrazado de consulta democrática. Los funcionarios fueron electos constitucionalmente por un período establecido en la ley. No se puede modificar al antojo de nadie, ni siquiera –falacia mayúscula– porque "el pueblo lo demande". Falso, primero está la ley que establece el marco de convivencia social, política y económica de México. Si en el interés del proyecto gobernante está modificar los términos del sistema económico de México bajo la bandera de una mayor equidad y mejor distribución de la riqueza, adelante, obtuvieron los votos y es un acto de justicia social. Pero cambiar las reglas del juego político, desde el poder, para beneficio del grupo gobernante, es un atropello no sólo a la ley vigente, a la historia, a la compleja y muy desconfiada construcción de nuestra incipiente democracia. Es también mentir, engañar, manipular, porque bajo esas reglas llegó el actual grupo al gobierno, bajo un marco de competencia abierta, libre, plural, auscultada por instituciones confiables y autónomas, de suelo parejo y equitativo. Muchos cuestionan que este último punto haya sido defendido por la autoridad electoral en el pasado proceso federal de 2018, porque el hoy Presidente de la República tuvo enorme ventaja de promoción, propaganda y uso de vericuetos partidistas para su beneficio. Pero ya es historia, y la victoria indudable.
El tema es no romper ese marco jurídico de competencia electoral, porque entonces nos vamos para atrás un siglo. No hay caudillos ni dictadores. No hay "hombres fuertes" ni líderes iluminados por la supuesta gracia del pueblo. Al pueblo se le manipula, con dinero, con promesas, con discursos esperanzadores, como nuestra historia partidista demuestra en los últimos 60 años. No hay milagros ni pastores.
Hay funcionarios electos, servidores públicos honestos y comprometidos, que hacen su trabajo de forma eficiente y profesional al servicio del país.
A todos esos engañados o confundidos por los periodos extendidos y las reelecciones ilegales, sepan que el país no lo permitirá. ¿Cuál país? El profundamente liberal, el de Juárez, el de la Revolución Mexicana, el de quienes defendemos y creemos firmemente en un régimen democrático. Basta de ocurrencias y arrebatos.
La revocación de mandato es un artificio disimulado para volver a las boletas. El Presidente ya ganó, ya está en la silla del águila por 6 años –de hecho un poco menos por el ajuste del periodo– y ni un minuto más. Sea este Presidente, o el que venga, el que se fue, el que soñó y buscó por todas formas extender su mandato en los 90.
Seis años, no más en la Presidencia; y en los estados y municipios, lo que la ley mandata.