La semana próxima –los días 13 y 14 de abril– se realizará la VIII Cumbre de las Américas en Lima, aún cuando debía de haber sido pospuesta dado el panorama regional. Será la octava reunión desde la primera que convocó el presidente Bill Clinton en Miami, en 1994. Están invitados los líderes de 34 países miembros de la OEA; sin embargo, sólo una docena ha confirmado su participación de manera oficial, entre ellos Castro y Trump. La resonancia de la cumbre en 2015, cuando se dio el regreso histórico de Cuba a un foro hemisférico, se ha visto 'neutralizada' con el giro de política exterior de Estados Unidos hacia ese país y con las expectativas creadas por la exclusión de Venezuela de la cumbre y la insistencia de Maduro que, aún sin invitación, acudirá a Lima.
El tema central de la cumbre es 'Gobernabilidad democrática frente a la corrupción', paradójico ante la situación que prevalece en la región, plagada de escándalos de corrupción en los que están posiblemente involucrados muchos de los líderes que participan en la reunión, así como partidos, políticos y empresarios de esos países. No sorprende entonces que la mayoría de los mandatarios convocados cuente con niveles de aprobación bajísimos y estén pasando por momentos críticos. Además, algunos de ellos se encuentran en el tramo final de sus periodos respectivos y su capacidad de maniobra es limitada (como es el caso de Colombia, México o Brasil).
El país anfitrión es el ejemplo más reciente. Su último presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, renunció el mes pasado ante el riesgo de que el Congreso lo destituyera por sus lazos con el caso de Odebrecht. Se especuló incluso que su sucesor –el vicepresidente Martín Vizcarra– podría posponer la realización de la cumbre a 2019. El relevo presidencial ha afectado los preparativos del encuentro y sobre todo ha sido un presagio funesto de su desarrollo.
Los organizadores de la reunión han propuesto adoptar una declaración conjunta de jefes de Estado, con medidas concretas para luchar contra la corrupción. Sin embargo, resulta inverosímil que mandatarios con acusaciones de falta de ética y con poco apoyo popular tengan éxito en esta tarea. Posiblemente lo que se puede esperar del encuentro es un texto poco ambicioso, lleno de generalidades, que cada país adopte de manera discrecional.
A estas circunstancias adversas se añade la discordia que habrá entre los participantes, principalmente entre el Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, México y otros) y los países del ALBA (Bolivia, Nicaragua y Cuba, entre otros) por la grave situación en Venezuela. Este conflicto podría opacar la discusión sobre cualquier otro tema.
El gobierno de Nicolás Maduro se ha salvado hasta ahora del aislamiento y de la aplicación de sanciones en la OEA gracias a los obstáculos que han impuesto sus aliados para la activación de la Carta Democrática Interamericana. El Grupo de Lima, principal impulsor de estas medidas, al no contar con el consenso entre el resto de los participantes de la cumbre, podría tratar de alcanzar, con el respaldo de Estados Unidos, un acuerdo paralelo para presionar al régimen venezolano con sanciones políticas y financieras.
La presencia de Donald Trump es otro elemento de incertidumbre en el desarrollo de la cumbre. El presidente estadounidense oscila entre la indiferencia hacia los países latinoamericanos y la evidente hostilidad contra algunos de ellos. Al mismo tiempo, la Cumbre de Lima será la primera conferencia regional a la que asistirá el mandatario y es imprevisible qué iniciativas pueda presentar de manera sorpresiva,
Las expectativas de la cumbre son muy bajas. Si bien es cierto que las cumbres de las Américas han tenido resultados mixtos a casi un cuarto de siglo de celebrarse, han servido como un foro de alto nivel que busca coordinar esfuerzos a problemas que aquejan a toda la región, principalmente bajo una visión estadounidense. El caso de la lucha contra el narcotráfico fue uno de ellos y que derivó en el fin del proceso de certificación y la creación de un mecanismo de evaluación multilateral.
El combate a la corrupción es claramente un asunto prioritario para tratar a nivel hemisférico. La falta de avances en esta cumbre sería desalentadora porque cuestionaría, una vez más, la utilidad de estas reuniones gubernamentales y de los esfuerzos multilaterales. Sin embargo, ello no debería de evitar que, en cada país, se sigan apoyando iniciativas de organizaciones civiles y medios independientes para denunciar la corrupción y sancionar a los responsables. Estas mejores prácticas deben de ser compartidas en todo el continente. A propósito de ello, felicidades a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y a Animal Político por el Premio Ortega y Gasset de periodismo.