Finalmente, después de tres años de prisión, Rosario Robles salió de la cárcel, a la que nunca debió entrar, para llevar su proceso con una medida cautelar adecuada a los hechos que supuestamente se le imputan. Se convirtió en la primera presa política de este sexenio, donde privó sobre todo la sed de venganza por encima de la justicia.

Venganza política

Rosario está acusada de omisión, no de haberse robado el dinero y este delito no ameritaba cárcel. Sin embargo, con alevosía y ventaja permaneció en prisión por la existencia de una licencia de conducir falsa, que, según el fiscal y el juez-sobrino, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, hacía factible que Rosario se fugara para no enfrentar a la justicia. Ese fue el pretexto.

¿Quién ordenó la fabricación de esta prueba falsa?

Sin temor a equivocarme, la ordenó alguien impune, alguien con instrucción de cumplir una vendetta que se venía fraguando desde hace mucho tiempo y que tuvo la oportunidad cuando ella se presentó al juzgado por petición de las autoridades y con la convicción de que iba a demostrar su inocencia, como ella misma lo dice: “El que nada debe, nada teme”.

No contaba con que el juez era sobrino de Dolores Padierna –esposa del mundialmente conocido como ‘el Sr. de las ligas’, de nombre René Bejarano–, Jesús Delgadillo Padierna quien, por ética profesional, debió excusarse del caso por el evidente conflicto de interés, ¿o no?

Rosario en todo momento argumentó ser inocente. Los contratos de asignación directa firmados con las universidades públicas a fin de realizar diversos servicios eran legales, lo cual es estrictamente cierto. Las dos secretarías de las que había sido titular (Sedesol y Sedatu) habían recibido, a cambio, los servicios contratados. Según ella, ya no le incumbía lo que habían hecho con el dinero público las universidades contratadas y si éstas habían subcontratado, a su vez, a empresas fantasma.

Y en tres años no avanzó su juicio, no aportaron pruebas, no hubo señalamientos, el juez no dictaminó; en tres años la Fiscalía no pudo defender su acusación. Sin embargo, siempre intentó que declarara “una versión del caso construida”. En coordinación con la Consejería Jurídica, trataron de negociar su libertad a cambio de declaraciones para inculpar a otros servidores públicos de mayor envergadura, como el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray y el expresidente Peña Nieto. Rosario nunca se prestó a ese perverso juego, aunque ello le obligara a permanecer en reclusión. Para variar, una declaración a modo, lo que la FGR quiere que declare.

Con más pantalones que…

A diferencia de Emilio Lozoya y Emillio Zebadúa, prefirió guardar silencio y no culpar a personas inocentes.

De hecho, en este espacio he documentado cómo Zebadúa ha dedicado cientos de millones de pesos para sobornar y comprar jueces de control, magistrados, ministerios públicos y falsos testigos para imputar y fabricar delitos contra exfuncionarios, a quienes se les han abierto procesos injustos, a modo y con muchas anomalías, involucrándolos en el desfalco millonario que él, en su momento, admitió haber cometido.

Esta situación da mucho que pensar

La justicia sigue aplicándose discrecionalmente y a modo; desde la FGR se integran los expedientes para que no trasciendan más allá del escándalo y de quienes compran la justicia para imputar y fabricar culpables, por lo que el ciudadano común está en la indefensión total; corrupción, le dicen.

Uso político de la justicia

El Poder Judicial requiere una gran sacudida en todos sus niveles; sin esto, será difícil avanzar hacia un país más justo, menos corrupto e impune.

La actitud de los jueces vinculados con los intereses de la FGR y de éstos con el Poder Ejecutivo no deja lugar a dudas de un uso político de la justicia. Las más de 30 órdenes de aprehensión contra académicos del Conacyt, las más 80 órdenes de aprehensión contra personal vinculado a los sucesos de Ayotzinapa son una prueba más que clara de este contubernio.

El esquema penal acusatorio ha dado muestras también de que la famosa prisión preventiva tiene mucha gente en la cárcel, sin juicio, muchas veces sin pruebas y el caso más evidente ha sido recientemente el de Rosario Robles.

Es importante no perder de vista la actual discusión que ha planteado la SCJN de acotar la prisión preventiva, no de eliminarla, atendiendo los derechos humanos y la presunción de inocencia y causa escozor ver que desde la Secretaría de Gobernación, como desde la Consejería Jurídica de la Presidencia, se plantea una visión opuesta a la que están planteando algunos ministros de la Suprema Corte.

No es lo mismo verlo desde el escritorio…

Sin duda, la visita que tuvo Arturo Zaldívar a Santa Martha Acatitla lo sensibilizó sobre lo injusto de esta insensata medida cautelar; cientos de mujeres privadas de su libertad, sin sentencias, sin dinero y en condiciones infrahumanas, por decir lo menos. Quién le reparará, por ejemplo, a Rosario Robles el daño físico, moral y social que vivió a lo largo de esos tres años.

Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario, señalaba que le parecía extraño que la FGR no hubiese continuado las investigaciones contra Emilio Zebadúa y su equipo, tanto en Sedesol y como en Sedatu, cuando ocurrieron los desvíos de recursos. Zebadúa era además presidente de los Comités de Adquisiciones de Sedesol y Sedatu y el encargado del manejo de los recursos que se derivaban de los respectivos convenios.

Además, señaló el abogado, Emilio Zebadúa sí aparece en los informes y dictámenes de la ASF, de la UIF y de la SFP.

Duda razonable…

No sé de qué privilegios goza para esquivar órdenes de aprehensión y múltiples imputaciones administrativas y penales, lo que sí sé y, repito, además he doumentado en este espacio, es que Zebadúa es el único que ha confesado tanto ante autoridades judiciales como ante la opinión pública que sí fue responsable de los desvíos de recursos y de ahí su petición de acogerse al esquema del famoso criterio de oportunidad.

La cereza…

Sabían ustedes que, de acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción -quienes destaparon la ‘estafa maestra’-, fueron ocho las secretarias de Estado que hicieron los convenios.

Cómo les quedará el ojo, que Pemex, en los tiempos de Lozoya, también los hizo y a él tampoco le han abierto carpeta de investigación alguna por éstos. ¿¡Raro!?

El dinero de los contratos fraudulentos está en las cuentas de Zebadúa, igual que el dinero del soborno de Odebrecht está en las cuentas de Milo Lozoya. Continuará…