Desde hace casi cuatro años les he venido documentando los daños, desaciertos, improvisaciones, ocurrencias, tranzas, desperdicios, desfalcos, tropelías, así como las múltiples violaciones al marco legal en que ha incurrido Fonatur, con Jimmy Pons y Javier May, en la construcción del Tren Maya, el mayor elefante blanco… ah no, perdón, proyecto de este sexenio, en el que se siguen desperdiciando recursos millonarios y devastando la península de Yucatán, con tal de cumplir el capricho del Presidente.
Lo peor es que lo que hoy les traigo es igualmente indignante, pues ¿será que la oposición es cómplice?
Me refiero a los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF), empezando por los priistas Pablo Guillermo Angulo Briceño, quien preside dicha comisión, allegado e incondicional de Alito Moreno, y Marco Antonio Mendoza, José Luis Garza, Hiram Hernández, Cristina Ruiz y Carolina Viggiano.
A los panistas Anuar Azar, Diana Gutiérrez, Arturo Rodríguez, Anabey García, Guillermo Huerta, Sonia Murillo, María Elena Pérez-Jaén Zermeño y José Antonio Zapata M.
Y a Mario Rodríguez y Arturo de la Garza, de MC, y al perredista Marcelino Castañeda.
Vaya por un cafecito
Este nuevo ángulo surge de los informes de auditoría que les fueron entregados en febrero de 2023, en los que se acreditan flagrantes violaciones a la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, con el aval de la ASF.
Hablo del denominado precio alzado, que sirve para racionalizar el costo y los plazos de una obra de esa magnitud, que los legisladores deberían tener bajo la lupa.
Póngale algo fuerte a su cafecito
Les recuerdo que Fonatur, en su infinita sabiduría y de sus directivos tabasqueños, celebró contratos mixtos en la modalidad de proyecto integral para cada uno de los siete tramos del Tren Maya, y gran parte de los trabajos se pactaron a precio alzado.
Según lo establece la ley, el precio alzado consiste en pagar los conceptos de obra hasta que estén totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido.
Y, por otra parte, un proyecto integral comprende la elaboración del proyecto ejecutivo (planos), la construcción de la obra y la puesta en marcha.
Es decir, en los contratos del Tren Maya los contratistas tienen la responsabilidad de hacer el proyecto ejecutivo, construir la obra y, posteriormente, ponerla en funcionamiento.
Y precisamente la violación a la ley a la que me refiero está en los proyectos ejecutivos de cada tramo, porque Fonatur estableció que éstos debían realizarse en tres meses a partir del inicio de los contratos y pagarse a precio alzado.
Traducción: los contratistas entregaban los planos terminados en los primeros tres meses (todos en 2020) y entonces podían recibir el pago del proyecto ejecutivo.
Pues resulta que al cierre del ejercicio 2021, más de un año de vencidos los tres meses, los proyectos ejecutivos seguían sin terminarse; sin embargo, Fonatur ya había pagado mil 576 mdp por “avances parciales”, en flagrante violación a la definición de precio alzado establecido en la Ley de Obras. ¡Así como lo está leyendo!
Y no lo va a creer, pero a la hora de la verdad, David Colmenares, titular de la ASF, solventó, aunque en realidad aprobó, la violación a la ley, como se puede constatar en los informes de las auditorías 112, 113, 114 y 115, practicadas a los tramos 1 al 4, y la 116 y 117 a los tramos 5 norte y sur, respectivamente. ¿Cómo la ve?
Entiendo que todos esos términos deben parecer alienígenas para los diputados de la CVASF, pero si algo les sobra a los legisladores son asesores en los centros de estudios de la Cámara de Diputados.
Leído lo anterior, podemos anticipar que, con el antecedente que ha dejado la ASF en los informes de auditoría de 2021, se ha abierto la puerta para la mayor transgresión de todas, que se conocerá cuando terminen las nuevas auditorías al ejercicio de 2022, en la que veremos que Fonatur duplicó el costo de los contratos con un engendro que denominaron precio final único, por su puesto, al margen de la ley.
Si los diputados solicitan la comparecencia de Colmenares, aquí les dejo algunas posibles preguntas.
Preguntas para dummies
-¿En qué modalidad de pago se pactaron los proyectos ejecutivos en los contratos del Tren Maya?
-¿Con qué plazo se estipuló la ejecución de los proyectos ejecutivos en cada contrato del Tren Maya?
-¿Al finalizar el ejercicio 2021, ya estaban terminados los proyectos ejecutivos en cada uno de los tramos del Tren Maya?
-¿Cuánto se ha pagado en cada contrato de los proyectos ejecutivos?
-¿Cuál fue el fundamento para solventar los resultados 5 de la auditoría 112, el 8 de la 114, el 3 de la 115 y el 3 de la 116?
-¿Por qué en las auditorías 113 y 117 se señalaron únicamente los intereses por los pagos anticipados de los proyectos ejecutivos?
En más del Tren Maya
Hay algo que le puedo adelantar. En la respuesta que dio la empresa estadounidense Vulcan Materials en el arbitraje internacional que mantiene en contra del gobierno de México por más de mil 900 mdd, se acredita que el conflicto que tiene el presidente López Obrador en contra de la compañía, tiene que ver con la imposibilidad de quedarse con los terrenos colindantes al tramo 5 sur del Tren Maya. Recuerde que el Presidente quería que estas tierras se convirtieran en un proyecto ecoturístico y desarrollado –como lo mencionan todos en la zona– por Daniel Chávez, de Grupo Vidanta. A esto súmele el interés por la terminal marítima privada de Punta Venado, frente a Cozumel, que sería utilizada por la Sedena para el ingreso del balasto cubano, necesario para el avance de las vías ferroviarias de esta magna obra que no será terminada en esta administración.
Así pues, les puedo apostar que este arbitraje será uno más que pierda este gobierno. ¿Sabrá el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que tiene esta contingencia?