El jueves 12 de octubre, los diputados panistas Luis Chávez, Federico Chávez y Luisa Gutiérrez abrieron las puertas del Congreso a las víctimas de la fiscalía de la fiscal carnal, Ernestina Godoy, para visibilizarlas tras la negativa del Consejo Judicial Ciudadano de realizar audiencias públicas -váyanse por una pieza de pan grande, pues dicen que con pan las penas son menos-.
Sólo les contaré de algunos casos
Una joven de la CDMX que vivía en Mérida fue avisada de que su madre estaba hospitalizada en urgencias, porque su expareja la había golpeado. Sufrió dos derrames cerebrales, por lo cual no pudo acudir a presentar las pruebas, y la fiscalía no investigó nada. Ya que pudo asistir a la fiscalía para presentar su caso y pruebas, la respuesta de la fiscalía, para encubrir a su agresor, fue decirle que su expediente ya se encontraba archivado, pues había pasado mucho tiempo y ella no había ido a presentar las pruebas que acreditaran los golpes, a pesar de tener el diagnóstico médico de los derrames.
Tras escucharla, todos en la Sala Heberto Castillo nos quedamos helados. Pero el horror apenas comenzaba.
Siguió Patricia Vargas Domínguez, quien, con gran aplomo, contó: “Soy víctima de violencia física-psicológica, violencia económica, delitos sexuales, tráfico de influencias y amenazas de muerte, todo esto desde hace seis años, derivado de mi solicitud a mi derecho de compensación después del divorcio de mi agresor, Horacio Bustillos Bertadillo, quien es dueño de varias empresas y director del área de tecnología en Canacintra, quien con su dinero ha comprado a jueces en el Juzgado Familiar, ministerios públicos y otras instituciones”.
“He abierto múltiples carpetas de investigación por un sinfín de delitos como: fraude procesal, violencia intrafamiliar, delitos sexuales. Pero en la fiscalía pierden u ocultan las carpetas y pierden las pruebas. No llaman a los testigos. La fiscalía no investiga, no protege. Ya basta de tanta ineptitud, de tanta corrupción y tanta impunidad, no quiero ser otra de las muchas mujeres que han sido muertas por sus exparejas y que, lamentablemente, sólo son un número más de feminicidios no resueltos. No merecemos vivir con miedo. Merecemos justicia. No a la reelección de Godoy”.
Y ya que hablamos de agresores sexuales, cómo ven que el diputado local de Morena Nazario Norberto Sánchez es agresor de la diputada Luisa Gutiérrez, quien imagínense el calvario que ha tenido que pasar, pues, obvio, la fiscalía lo protege y le negó la acción penal que ahorita está en el amparo en tribunales federales.
Qué tal. Sin palabras, ¿o no?
También escuchamos el caso de despojo del predio Guerrero 81 y 85, y Violeta 71, en la Cuauhtémoc. Veinte familias (54 propietarios compraron en 2001) fueron desalojadas en octubre de 2022 por la Policía de Investigación (PDI) junto con la policía del Edomex, de Cuautitlán Izcalli, y ambas venían con armas largas, por eso ninguno de los desalojados pudo oponer resistencia. Ah, y lo hicieron sin notificación alguna de por medio. Los dejaron en la calle sin poder sacar nada, ni muebles, ni ropa… vamos, ni sus papeles oficiales. También les armaron un juicio simulado -pongan atención- en 2016 y hasta revivieron muertitos… sí, a los primeros propietarios. Una de las representantes del despojo dijo: “Banca Mifel es aliada del gobierno de Morena y la actual dueña de su predio, el cual ya hipotecaron y obtuvieron 103 mdp”. Que todo esto ha pasado sin que la fiscalía los defienda y que la primer MP con la que se dio este abuso es María José Arellano.
Hablando de despojos, también escuchamos a otra víctima de este delito, quien lleva 18 años litigando su tema, pero, ojo, dijo: “Yo no litigo contra los despojadores, sino contra la fiscalía y contra el gobierno de la CDMX. Mi inmueble, Antonio Caso 104 y 108, está en alto riesgo de colapso, de hecho, hay 417 inmuebles así en toda la ciudad, y aunque lo obliga Protección Civil, no los han evacuado -inhalen y exhalen-. Si mañana tiembla, ¿quién será el responsable? La fiscalía, porque conoce del problema y no actúa. En 2019, por unanimidad, este Congreso le ordenó a la jefa de Gobierno desalojar mi inmueble por el riesgo de colapso y hasta hoy no han hecho nada. A pesar de ser vinculante lo que el Congreso decida”.
Así supimos que hay 11 despojos diarios y el modus operandi pareciera ser la fiscalía en colusión con el Invi y Rodrigo Chávez Contreras.
Bueno, hasta estuvo la media hermana del vocero de la fiscalía, Ulises Lara, denunciando abuso de poder por parte de éste y de toda la fiscalía. Caso que claramente representa un conflicto de interés, porque el vocero utiliza su trabajo para acusar y perseguir a su familia. El vocero los acusa de despojo agravado hacia su padre; la casa de Hilda está bajo aseguramiento con incumplimiento de un amparo que se les había otorgado. Además, contó que su marido, quien es extranjero, también está acusado y que la audiencia inicial la pretenden realizar sin la asistencia consular debida.
También tuvimos el horror de escuchar a una desplazada de Sonora, que pertenece al colectivo Buscando nos Encontramos, de la alcaldía Tlalpan, quien nos narró cómo Ernestina Godoy o ignora a las madres con hijos desaparecidos o les grita y les dice en las audiencias públicas “aquí no, aquí, no”, vete a la fiscalía. Que cada que encuentran huesos, en la fiscalía lo primero que les dicen es que son de perro y que jamás les brindan atención alguna. Pero que ellas resistirán y no dejarán nunca de buscar a sus seres queridos.
Para cerrar, escuchamos el caso que sucedió en una marcha de AMLO, a una señora a quien, en Sonora, el Presidente le firmó un papel de que la ayudaría a encontrar a su familiar; ella se le acercó, pero la gente que lo cuidaba no sólo la alejó, sino que la golpearon y ya se la llevaban, pero que gracias a Marabunta la pudieron rescatar. Esta misma persona también contó cómo ha sido ella golpeada, levantada y violada por alzar la voz, pero que no se callará, porque -siéntense bien- la Ciudad de México se ha convertido en un cementerio. Que por haber hecho los cinco mapas de feminicidios a sus hermanas las metieron a la cárcel. “Estamos hartas de pedir justicia. El miedo se me acabó, ahora tengo rabia, estamos haciéndoles su trabajo”.
Hoy, el Consejo Judicial quesque Ciudadano deberá emitir su recomendación sobre que la fiscal carnal se quede cuatro años más.
A pesar de que tenía que ser un consejo probo, no lo fue; baste decir que:
Mercedes Hernández es gente de Clara Brugada.
Irwing Chegüe fue jefe de Tesorería del gobierno del morenista Octavio Rivero, en Milpa Alta.
Héctor Muñoz Ibarra fue presidente de la AC Honestidad Valiente, la cual, en 2012, junto con la AC Regeneración Nacional, recibió contratos por 110 mdp del gobierno de Ebrard.
Alejandra Montserrat jamás se presentó a ninguna sesión porque vive en Querétaro y presentó documentación de que vivía en la CDMX.
Así pues, me dicen, la votación quedará a favor por ocho de 11.
¿Qué pactó Nader Kuri para aguantar tanto desprestigio?
¿Cómo podrán dormir?
Ah, y la cereza del cinismo se la llevó Salvador Guerrero Chiprés, del Consejo Ciudadano, al dar su aval para la Godoy. Y cómo no lo haría, si su sueldo sale en parte de la fiscalía y parte del gobierno central de la CDMX. Ah, y de este consejo salen las cifras que presenta la Ernestina Godoy.
¡Así la simulación!