Desde que hice mi tesis de doctorado he estudiado cómo se negocian y votan los presupuestos en México a partir de los años ochenta y nunca se había registrado una votación tan dividida. El sábado en la madrugada 214 diputados (42.8 por ciento de la Cámara) votaron en contra de la propuesta del presidente.
La votación más alta en contra se había registrado en 1991: 35 por ciento y luego en 1996 con 33 por ciento. Durante los años de hegemonía legislativa del PRI, que terminarían en 1997, el gobierno rara vez cambiaba su propuesta de presupuesto y, en consecuencia, la oposición (algunos de cuyos integrantes están hoy en Morena) no encontraba razón para apoyar la iniciativa del gobierno: todos iban en contra.
Cuando el partido del presidente pierde la mayoría en la Cámara de Diputados en 1997 se inaugura una nueva forma de negociar: el gobierno se vio obligado a ceder con tal de obtener la aprobación del Presupuesto. Esos son los años de creación del ramo 33 y de otros fondos municipales.
Un segundo cambio se gesta a partir del arribo de gobiernos panistas en 2000 a la presidencia de la República. Aunque el gobierno enfrentó durante esos 12 años fuerte oposición en el Congreso y en muchos gobiernos estatales encabezados por el PRI, durante la mayoría de esos años se alcanzaron votaciones superiores a 90 por ciento y, en algunos años, unanimidad.
Suena extraño: más oposición y más consenso. Tiene razón López Obrador cuando afirma que, “lo que no suena lógico, suena metálico”. Y efectivamente, el consenso presupuestario se logró en buena medida gracias al desarrollo de la industria de los llamados ‘moches’ que permitía aprobaciones casi unánimes a cambio de dar dinero a gobernadores de oposición para sus proyectos prioritarios quienes, a cambio, garantizaban el voto aprobatorio de los diputados de sus entidades.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto se institucionalizó la ‘industria’: se crearon fondos especiales para deporte, cultura y pavimentación con 10 mil millones de pesos anuales que eran de libre asignación: en promedio, cada diputado podía asignar entre 10 y 20 millones de pesos para proyectos de su selección.
Así se corrompió la negociación del Presupuesto y muchos legisladores estaban más interesados en gestionar fondos (para obtener comisiones o favores políticos de gobernadores y alcaldes) que en analizar la propuesta de Presupuesto y darle seguimiento a su ejercicio.
Una de las medidas positivas de López Obrador al iniciar su administración fue eliminar las partidas de ‘moches’. Sin embargo, ha revivido la práctica perniciosa de la imposición presupuestaria que imperaba en México antes de 1997.
La oposición presentó casi dos mil reservas y ninguna fue atendida –vaya, ni siquiera analizada y comentada–. Los números son elocuentes: la bolsa negociable (ampliaciones al Presupuesto vía Ley de Ingresos y las reasignaciones al proyecto de Presupuesto que envía el Ejecutivo) fue –en promedio– de 142 mil millones de pesos durante el periodo 2002-2018 (3.5 por ciento del Presupuesto total). Para 2019 se había reducido a 40 mil millones de pesos; para 2020 fue de solo 26 mil millones. La semana pasada solo se reasignaron ocho mil millones de pesos y todos ellos para partidas del presidente, nada para una demanda de la oposición.
El gobierno ha eliminado la práctica de sobornos, pero no ha estimulado una función legislativa profesional y responsable para que el Congreso sea un vigilante de los gastos del gobierno. Al contrario: la política de “no cambiar una sola coma” reproduce la lógica de la era hegemónica del PRI: la economía se maneja desde Los Pinos (hoy desde Palacio Nacional) y poco importa la opinión de los diputados. Resultado: un gobierno que diseña y ejecuta el gasto sin rendir cuentas. La mejor receta para la equivocación.
López Obrador justifica su imposición bajo el mismo argumento populista: él encarna los deseos del pueblo y los opositores solo quieren medrar con el dinero público. Pero la oposición representa a casi 43 por ciento del pueblo, salvo que ese pueblo que votó por esa oposición haya sido manipulado y no merezca la atención del señor presidente.