Hay dos vías: una es cuantitativa y la otra cualitativa. Primero lo numérico.
El primer criterio para evaluar el resultado es si acude a votar 40 por ciento de la lista nominal de electores, equivalente a 37.3 millones de personas. Si no se alcanza ese umbral, la consulta es inválida y carece de consecuencias jurídicas. Que no haya una participación nutrida reflejaría poco interés y sería una derrota política para el principal promotor de la consulta que es López Obrador.
El segundo criterio es si López Obrador obtiene, al menos, 30.1 millones de votos para que siga su mandato, que es el número de sufragios alcanzados en 2018. Cualquier número por debajo de ese umbral sería una pérdida neta para el presidente, es decir, personas que votaron por él hace cuatro años y que, por diversas razones, ya no ratificaron su apoyo.
Esa pérdida de apoyo incluiría a insatisfechos o arrepentidos con la gestión de AMLO, pero también a gente que por simple apatía no acudirá a las urnas el 10 de abril, aunque estén satisfechos con su gobierno. Sin embargo, al convertir un ejercicio revocatorio en uno de ratificación, López Obrador se autoimpuso un criterio de éxito imposible de alcanzar: no importa cuántos voten para que AMLO siga (aun cuando sea 99 por ciento de los votos emitidos); lo que cuenta es el número de electores por debajo de los 30 millones.
El tercer criterio para medir ganadores y perdedores de la consulta es el umbral de 16.7 millones, que son los votos que Morena obtuvo en la elección legislativa de 2021. Este es el dato más actualizado del ‘atractivo’ de Morena como partido político. Nuevamente: Morena compró el boleto al convertirse en el principal promotor de la ratificación. Cualquier votación por debajo de esos 16.7 millones puede ser interpretada como pérdida de capacidad para llevar electores a las urnas.
Finalmente, el último criterio cuantitativo para evaluar los resultados de la consulta es el número de firmas que se presentaron para solicitar la consulta: 11 millones 141 mil 953. Este es el piso mínimo que debería alcanzarse el 10 de abril. Cualquier número por debajo significaría que muchos de quienes firmaron no lo hicieron en plena convicción o libertad o no supieron que su firma fue registrada.
El INE ha sugerido que 25 por ciento de las firmas de apoyo podrían ser ‘falsas’ con base en un muestreo aleatorio que hizo para verificar la fidelidad de los datos presentados.
Ahora reviso brevemente los criterios para evaluar la calidad del proceso de revocación. Como ya lo he escrito anteriormente, los indicadores son muy negativos.
Primero, un derecho ciudadano se deformó en un instrumento de propaganda.
Segundo, el presidente de la República, varios gobernadores y funcionarios del gobierno han violado abiertamente la ley al promover la consulta y hacer propaganda.
Tercero, las mayorías de Morena en el Congreso federal cambiaron las reglas a la mitad del juego para permitir que servidores públicos hagan propaganda para la consulta, violando la Constitución. Aunque el Tribunal Electoral dará un fallo al respecto para rechazar ese decreto, el intento de trampa ya fue hecho.
Cuarto, López Obrador ha prometido una democracia austera, pero este ejercicio se ha convertido en un dispendio de recursos (públicos) en espectaculares y propaganda que inunda las calles y colonias de todo el país.
Quinto, la campaña de promoción usa tácticas de coacción del voto: “para que sigan las vacunas gratuitas y los programas sociales vota este 10 de abril para que siga AMLO”.
Concluyo con dos reflexiones. Uno, López Obrador fue electo por una enorme mayoría en 2018 y sigue siendo popular; no hay razón para este ejercicio, salvo su deseo de polarizar. Y dos, la mejor manera de combatir el deseo populista de enaltecer a su líder es ignorar el ejercicio y ejercer una abstención activa y razonada.
No votar es la acción más responsable.