El Congreso de la Ciudad de México aprobó el pasado viernes diversas modificaciones al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Instituto Electoral de la Ciudad de México: se eliminan cinco unidades del instituto y sus funciones se trasladan a otras áreas. Se ahorrarían 52 millones de pesos -según la exposición de motivos- y se eliminarían poco más de 100 plazas.
Los argumentos a favor tienen que ver con la austeridad. Claudia Sheinbaum afirmó que “el Instituto Electoral debe cumplir sus funciones, pero no se justifica que tenga o mantenga un volumen de plazas que creció artificialmente de 2012 a 2018 sólo para cumplir cuotas partidarias”.
Los argumentos en contra cuestionan que detrás de la presunta austeridad hay la intención de debilitar al órgano electoral. El diputado panista, Diego Garrido, señaló que frente al atropello del instituto por parte de Morena se interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN. Dijo que el dictamen aprobado contiene vicios y es un desaseo parlamentario que plantea una reforma regresiva y tóxica para la democracia.
Por supuesto que siempre se aplaude que las instituciones hagan más con menos y que se elimine el burocratismo que las hace crecer sin razón. Pero los cambios deben ser analizados de forma cuidadosa, con base en estudios de factibilidad jurídica y organizacional y siempre de la mano del órgano que se quiere modificar.
Varios consejeros y expertos han advertido de los riesgos de la reforma: que se quitan unidades y personal al instituto, mas no obligaciones; que se concentra mayor poder en la presidencia del instituto, lo cual pone en riesgo el carácter colegiado del Consejo General; que se debilita la facultad de investigación en materia de fiscalización de agrupaciones políticas.
Si efectivamente el gobierno de la Ciudad de México, de donde emana la propuesta, quiere fortalecer al instituto, era necesario llevar a cabo un proceso consensuado, con la inclusión de diversas voces mediante un Parlamento abierto. La forma como se concretó el cambio legislativo -de manera forzada y polarizante- solo anticipa litigios, resistencias y pleitos políticos.
Por supuesto que las burocracias de órganos autónomos en ocasiones crecieron de manera desproporcionada y vale la pena ajustar su tamaño. Si el Congreso de la Ciudad de México está tan preocupado por la austeridad republicana, ¿por qué no predicar con el ejemplo e iniciar el recorte de su enorme burocracia y de su gasto anual que ascendió a más de mil 700 millones de pesos en 2021?
La forma como se ejecutó la reforma legislativa ya ha generado enormes anticuerpos que al final afectarán sus alcances. Por una parte, se interpondrán litigios: seguramente una acción de inconstitucionalidad por parte de partidos o de legisladores porque la reforma puede afectar el cumplimiento de la misión del instituto electoral.
Por otra parte, una mayoría de consejeros podrán interponer una controversia constitucional en contra del Congreso de la Ciudad de México por una invasión de facultades: la citada reforma le prohíbe al Consejo General autogobernarse -le prohíbe crear unidades técnicas para cumplir sus funciones.
Y finalmente, el Instituto Nacional Electoral, mediante una reforma a su Reglamento de Elecciones, puede establecer la facultad de los institutos electorales u Oples de definir su estructura, con lo cual puede limitar los alcances de la reforma aprobada. Ya existe un precedente de una sentencia del Tribunal Electoral que establece que el Reglamento de Elecciones del INE está por encima de las leyes electorales de los estados.
Al margen del destino final de la reforma aprobada, hay tres conclusiones del zafarrancho legislativo: a) no se quiso consensuar sino imponer (quizás es ese el mensaje, que se trata de una guerra más que de un esfuerzo de mejora y ahorro); b) que Claudia Sheinbaum comparte esta cruzada en contra de los órganos electorales que encabeza López Obrador; c) aun y cuando la reforma fuera revocada o limitada por la Suprema Corte o por el Tribunal Electoral o por el INE, el Congreso de la capital tiene la llave del dinero y por esa vía puede someter y asfixiar al Ople local.
Reitero: los órganos electorales no son perfectos ni deben ser intocables. Pero si se busca fortalecerlos (en lugar de reventarlos), se debe partir de diagnósticos balanceados, de propuestas compartidas y de un proceso de implementación bajo principios de cooperación.