La razón del Estado moderno es dar seguridad a sus habitantes: a cambio de protección, la población se somete al mando de la autoridad y paga tributos. Un Estado que no proporciona seguridad con eficacia no justifica su existencia.
Cuando un gobierno tira la toalla y le entrega las llaves de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas, está abdicando de su razón de ser. Porque los ejércitos son entrenados para proteger fronteras y territorios, no para cuidarnos del asalto, la extorsión o el homicidio.
Por supuesto, que hay razones tácticas o extraordinarias que justifican la presencia temporal de las Fuerzas Armadas en las calles. En 2019 López Obrador propuso la creación de la Guardia Nacional y pidió un plazo de cinco años para que las Fuerzas Armadas dieran apoyo en las calles del país mientras se organizaba la nueva policía nacional.
Sin embargo, ahora el gobierno quiere —en los hechos— que esa presencia sea permanente. Por un lado, promovió que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); por otro lado, la iniciativa de prolongar, sin argumentos claros, la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028 es, en el fondo, el preámbulo para que esa presencia sea permanente.
Imaginemos el contexto bajo el cual tomará protesta el nuevo gobierno el 1 de octubre de 2024. Por una parte, heredará una inercia con dominio de las Fuerzas Armadas sobre la política de seguridad pública; por otra parte, tendrá muchos desafíos enfrente con pocos recursos presupuestarios.
En ese entorno, el nuevo gobierno administrará el statu quo y, cuando llegue nuevamente la fecha fatal en 2028, tendrá todos los incentivos (fuerzas militares más empoderadas, policías locales más endebles, alta incidencia criminal, recursos escasos, presión social y política) para patear nuevamente la pelota, pero ahora de manera permanente.
Muchos ven la transferencia de la Guardia Nacional a las entrañas de la Sedena como el preámbulo para desaparecer, en su momento, al Ejército y la Marina y convertirlas en una gran Guardia Nacional militarizada.
Una de las vías para que 2028 sea creíble como fecha fatal de retiro de las Fuerzas Armadas de las calles sería establecer acuerdos parciales que, de no concretarse, invaliden el acuerdo. Primero, que la Guardia Nacional no pase a ser parte de la Sedena, eso es, que el presidente revoque el decreto que se votó hace dos semanas en el Congreso.
Segundo, que el gobierno restituya los fondos de apoyo para gobiernos estatales y municipales en materia de seguridad: el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG).
Tercero, que el presidente haga un llamado para que los gobiernos de todo el país inviertan recursos económicos y políticos para fortalecer a sus policías locales. No recuerdo una sola mención del tema por parte del presidente López Obrador.
Cuarto, que los integrantes actuales de la Guardia Nacional que forman parte de las Fuerzas Armadas tengan que definirse en los próximos 12 meses por su permanencia en una o en otra institución y que la Guardia deba contar con un cierto número de integrantes con el certificado único policial antes del 31 de diciembre de 2023 y así de manera anual para garantizar que se cumplen metas parciales.
Sin embargo, como la apuesta real de López Obrador no es construir una Guardia Nacional civil, sino militarizarla, jamás aceptaría una negociación de esta naturaleza.
Por lo pronto, ya inició la guerra en contra de la oposición a través de la consulta para que el pueblo exprese su deseo de que la Guarda Nacional sea militar y controlar así la narrativa y acusar a sus adversarios del problema de la inseguridad que no ha resuelto ni resolverá en lo que resta del sexenio.
Por esa razón, el voto responsable debe ser en contra de ampliar el plazo de las Fuerzas Armadas en las calles: eso obligaría a que el gobierno civil asuma su responsabilidad de acelerar la construcción de la Guardia Nacional y protegería a las Fuerzas Armadas del desgaste e irresponsabilidad de los políticos.