Integralia Consultores publicó ayer su reporte anual sobre los diez riesgos políticos para 2023. Nuevamente, los riesgos vinculados a temas electorales aparecen hasta arriba de la lista, igual que en los últimos años.
El primer riesgo político de 2023, según Integralia, es que el oficialismo intensifique los embates contra la autonomía y eficacia del Instituto Nacional Electoral (INE) desde tres frentes. Primero, el intento del gobierno y de Morena para sesgar el proceso de nombramiento de cuatro consejeros electorales con perfiles afines (en el primer trimestre del año).
Los consejeros Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz Saldaña concluyen su encargo el 3 de abril. Aunque la convocatoria aprobada por la Cámara de Diputados a fines de 2022 para reemplazarlos cumple los requisitos de un proceso meritocrático (el TEPJF ordenó modificaciones a fin de mejorar el proceso), existe el riesgo de que el Comité Técnico de Evaluación (CTE) pueda sesgar el proceso para favorecer a aspirantes afines al oficialismo. (De los siete integrantes, cuatro ya fueron designados por parte del INAI y la CNDH y su perfil es adecuado para la responsabilidad, pero faltan los tres que designa la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados).
El segundo frente de los embates en contra del INE, según el reporte de Integralia, son los problemas operativos y de gestión tras la aprobación de la reforma legal que reduce y modifica su estructura. La reforma electoral aprobada en diciembre no solo plantea una reducción muy agresiva del personal del servicio civil de carrera del INE (85 por ciento de sus 2 mil 500 integrantes), sino además un periodo de implementación muy estrecho que debe concluir en agosto, lo que puede generar una crisis gerencial y litigios laborales que tensen la vida interna del Instituto, todo ello en medio del cambio de cuatro consejeros y de la organización de las elecciones de gobernador en Estado de México y Coahuila.
Asimismo, se pone en riesgo la eficacia del Instituto para integrar e instalar más de 160 mil casillas durante las elecciones federales de 2024, lo que puede derivar en deficiencias o errores en la apertura de casillas, el conteo de los votos, la integración de los paquetes electorales y su traslado.
La reducida eficacia del INE lo hará más vulnerable frente a los ataques que reciba del gobierno y de los partidos, aumentará las quejas e impugnaciones durante el proceso electoral y eleva el riesgo de un conflicto postelectoral en 2024.
Y el tercer frente de la vulnerabilidad del INE, según Integralia, son los litigios por la implementación de la reforma (ante la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y tribunales laborales), lo cual aumenta los riesgos de ineficacia gubernamental, concentración de poder e incertidumbre jurídica.
Mientras se resuelven los litigios (acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparos en materia laboral), el INE enfrentará enorme incertidumbre. Sin embargo, tanto los vicios del proceso legislativo (por ejemplo, dispensar trámites en la Cámara de Diputados para que la iniciativa de reforma electoral no se procesara en comisiones sin que hubiese una justificación) o normas aprobadas que impiden que el INE cumpla su función constitucional de organizar elecciones auténticas, anticipan que el todo o partes de la reforma sean revocadas o desaplicadas.
La elección de la nueva ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia es una buena noticia para proteger la autonomía y eficacia del INE. Su cultura judicial y su estilo sobrio y ajeno a la frivolidad política presagian que la Corte sea menos proclive a complacer al gobierno y menos sujeto de presión política.
* Una versión resumida del reporte se puede descargar de forma gratuita en https://integralia.com.mx/web/diez-riesgos-politicos-para-2023/