La reforma electoral del gobierno reduce la certeza para organizar comicios, la confianza en los resultados y con ello incentiva que el perdedor rechace el resultado. No sería la primera vez que ocurriera —lo hizo López Obrador en 2006 y 2012— pero sí la primera ocasión en que el INE habría tenido menor capacidad para instalar casillas, garantizar el conteo oportuno y certero de los votos y custodiar los paquetes electorales.
No es lo mismo que alguien cuestione el resultado electoral cuando se instalan 99.9 por ciento de las casillas, que cuando se cancela la apertura de cientos de ellas. No es lo mismo alegar fraude cuando todos los paquetes electorales están resguardados para su revisión que cuando se pierden centenas de ellos en el traslado.
Aun antes de que presentara su iniciativa de reforma, López Obrador ya estimulaba una elección conflictiva en 2024. Por ejemplo, la promoción ilegal y anticipada de los aspirantes presidenciales de Morena, los ataques recurrentes al INE y la descalificación constante de la oposición.
Con la reforma electoral, se acrecienta el riesgo de que la elección de 2024 termine en conflicto político (y acaso crisis constitucional).
Con casillas sin instalar, paquetes perdidos y deficiencias en la organización de los comicios, el alegato de un fraude sería más potente (no importa que haya sido causado por una reforma electoral promovida por López Obrador).
Muchos cuestionan la lógica de la reforma electoral que promueve el gobierno cuando Morena tiene hoy más probabilidades de triunfo en 2024. ¿Para qué generar desconfianza cuando López Obrador puede proteger mejor su legado en un ambiente de tolerancia con cancha pareja?
Quizá López Obrador busca comprar un seguro en caso de que gane la oposición. Aunque suena improbable hoy, ello puede cambiar en los siguientes meses. Si eventualmente ganara la oposición por un margen estrecho, sabemos que López Obrador rechazaría el resultado, acusaría al INE de fraude y movilizaría a sus huestes en todo el país para impedir una transición de mando.
El debate de la reforma electoral es un pretexto para cincelar en los seguidores de AMLO la idea de que sin reforma no hay garantía de elección limpia en 2024. Y una vez que la reforma se implemente, los comicios de 2024 tendrán deficiencias en su organización (casillas sin instalar) y ello será usado por AMLO para acusar fraude en caso necesario.
Comprar un seguro ante lo inesperado asemeja la táctica del mismo López Obrador en 2006 cuando también era favorito para ganar la elección y, sin embargo, acusaba de forma constante al entonces IFE: si ganaba sería a pesar del instituto, pero si perdía, como finalmente ocurrió, sería por culpa del fraude.
Durante los meses del conflicto poselectoral de 2006 López Obrador aprovechó la narrativa de la desconfianza (que él había gestado desde 2003) para dar sustento a la acusación de fraude. Era como recordarles a sus seguidores que él ya lo había presagiado años antes: su acusación de fraude era simplemente la confirmación de que él tenía razón.
Mantener la narrativa del fraude le ayuda a López Obrador para sostener su narrativa del héroe perseguido que finalmente se impone a sus adversarios, quienes acechan para regresar al poder a través del INE corrupto que hace trampas.
La única diferencia entre 2024 y 2006 será la debilidad operativa del INE. Una acusación de fraude es más sonora si el instituto organiza una elección con deficiencias.
Por eso es tan importante que la Suprema Corte de Justicia analice con independencia las implicaciones del plan B y cómo afectarían las capacidades operativas para que el INE cumpla su mandato constitucional.
Sin exagerar, el futuro político del país está en la cancha de la Corte.