Las reglas que norman las precampañas en México son muy restrictivas y ajenas a la naturaleza de la política: buscan restringir la actividad primordial de los políticos que es la promoción constante de su persona en todo momento y lugar. Pero son las reglas y mientras sean vigentes deben cumplirse.
La legislación mexicana busca restringir las precampañas prolongadas en aras de cuidar la equidad de la contienda. Por ejemplo, Vicente Fox inició su precampaña a la presidencia de la República siendo gobernador de Guanajuato y durante varios años recorrió el país usando el recurso de su tiempo y otros apoyos a los que tenía acceso como gobernador.
Enrique Peña Nieto hizo lo mismo como gobernador del Estado de México entre 2005 y 2011. Recorría el país, apoyaba a candidatos de su partido en otras entidades y así construyó una candidatura que se volvió inevitable en el PRI para la elección de 2012.
¡Y qué decir de López Obrador! Anduvo en precampaña durante todo el sexenio de Peña Nieto so pretexto de ser dirigente de Morena y de apoyar campañas de candidatos de su partido.
Este domingo Morena dio a conocer las reglas para escoger a su candidata/o a la presidencia de la República. Previa renuncia a sus cargos, los precandidatos estarán de campaña a partir del 19 de junio, es decir, cinco meses antes de la fecha que establece el artículo 226 de la ley electoral (la Legipe) que señala que las precampañas pueden iniciar la tercera semana de noviembre.
Pero hay otros problemas. El mismo artículo señala que las precampañas no podrán durar más de sesenta días cuando las de Morena durarán 70. Dice además que los precandidatos que participen en los procesos de selección interna de los partidos no podrán realizar actividades de proselitismo o propaganda, por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas (algo que ha sido violado abiertamente por las llamadas corcholatas durante casi dos años).
Y concluye este párrafo de la ley: “la violación a esta disposición se sancionará con la negativa de registro como precandidato”.
Morena trata de solventar su precampaña con una simulación: dice que en realidad se trata de elegir a la Coordinación de Defensa de la Transformación (CDT).
Finalmente, la precampaña de Morena evade las reglas de fiscalización del INE, órgano facultado para revisar los ingresos y gastos de todos los precandidatos. El documento dado a conocer el pasado domingo dice que los aspirantes deban “comportarse de manera austera, sin derroche de gastos publicitarios ni propagandísticos”, pero no exige transparencia total a sus candidatos. Pedirles que no gasten de más es irrelevante si no sabemos las fuentes y los gastos ejercidos.
Después de casi dos años de precampañas simuladas, sería indispensable saber de dónde salen los recursos que han usado, sobre todo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y el secretario de Gobernación, para hacer actos multitudinarios en todo el país.
¿Cómo resolverá el Tribunal Electoral las impugnaciones que se presentarán en los próximos días por otros partidos políticos? ¿Cómo podemos defendernos las personas sin partido para exigir que se respeten las reglas de equidad y transparencia de las campañas?
¿Tendrá el Tribunal Electoral una lectura letrista respecto a este fenómeno —no son precampañas porque el proceso electoral aún no comienza— o hará una interpretación sistémica para detener una promoción anticipada que ya gestó inequidad de cara a 2024.
En pocas semanas los partidos de oposición enfrentarán el mismo dilema. El día 26 de junio anunciarán su proceso interno. Si son estrictos observadores de la ley tendrían que convocar a su proceso interno hasta noviembre, pero eso claramente los dejaría vulnerables frente al oficialismo que ya lleva en precampaña dos años. ¿Qué hacer?
La democracia se fortalece cuando los votantes conocemos a quienes aspiran a gobernar. Cuando podemos contrastar sus puntos de vista. En ese sentido, la legislación electoral mexicana me parece obsoleta y antinatural y, además, restringe el flujo de ideas y el debate intenso.
Más efectivo sería flexibilizar los tiempos de las precampañas a cambio de que haya transparencia total de los ingresos y gastos de los precandidatos.