Integralia Consultores publica hoy su reporte anual sobre los diez riesgos políticos para 2024 que pueden afectar el entorno de negocios y la gobernabilidad democrática del país.
Puesto que este año se celebran elecciones presidenciales, legislativas y locales, la mayoría de los riesgos se relacionan, de algún modo u otro, con el proceso electoral.
Tres de los riesgos tienen que ver con posibles cambios constitucionales y legales que emprenda el presidente López Obrador para desmontar el sistema de pesos y contrapesos y fortalecer un sistema presidencial sin controles, o bien, reformas para desaparecer o cercenar a órganos reguladores que afecten la competencia económica, la inversión y el crecimiento económico del país.
Que esas reformas se materialicen depende del resultado electoral del 2 de junio. Un triunfo apabullante de Morena llevaría a la reconstrucción de un presidencialismo exacerbado y a una terminación del proceso de liberación política que inició en los años noventa. La Corte dejaría de ser la ventanilla de última instancia para la defensa de los derechos individuales, de empresas y de gobiernos y, en los hechos, la democracia mexicana —con todas las deficiencias que tiene— se convertiría en un sistema autocrático.
Como lo señala el reporte de Integralia, es improbable que se repita un tsunami electoral como el de 2018 que permita una reforma constitucional para cambiar el método de elección de los ministros y politizar así su perfil, pero aun así, la Corte podría ser capturada mediante el nombramiento de un nuevo ministro que ocurrirá a fines de este año. La experiencia del nombramiento de Lenia Batres a fines de 2023 trazó una ruta: la nueva presidenta podrá nombrar a alguien afín a su gobierno, aun si carece de una mayoría calificada en el Senado.
Otros tres riesgos se relacionan con los problemas políticos de la transición de gobierno: uno de ellos, que se geste un conflicto poselectoral (o algunos regionales) que generen nerviosismo en los mercados financieros; dos, que un resultado adverso para los partidos de oposición genere una sensación de orfandad que estimule el transfuguismo político con lo cual Morena podría alcanzar, en los hechos, una mayoría calificada; y tres, que aumente la corrupción y el desorden administrativo durante 2024.
Un riesgo casi inminente es que continuará el proceso de militarización del país, que siga desplazando a los civiles de muchas funciones de gobierno. Y acaso el riesgo mayor para la sobrevivencia del Estado democrático —el elefante en la sala del cual poco se habla— es la expansión del control territorial del crimen organizado. Ojo, no solo es la violencia y las atrocidades que se expanden diariamente en todo el país, sino la rectoría política y económica que grupos delincuenciales ejercen cada vez más en ciertas zonas del territorio nacional.
Finalmente, uno de los riesgos tiene que ver con el triunfo de Trump en los Estados Unidos. No solo se trata de un riesgo político que amenaza al mundo eterno, sino que para México puede significar enormes dolores de cabeza en materia comercial, migratoria y de seguridad regional. Una segunda presidencia de Trump sería incontrolable, vengativa y cuasi dictatorial. Sin los controles que tuvo en su primer periodo, Trump podría poner a la relación bilateral en una zona desconocida.
Todos los países enfrentan riesgo político. El 2024 será un año de alto riesgo para México. Lo más importante es que ese riesgo no se traduzca en el final del proceso de construcción democrática. Lo más relevante en la elección de este año es que sea quien sea la ganadora del proceso electoral, las reglas básicas del sistema de control del poder político se mantengan vigentes.
El reporte puede consultarse en www.integralia.com.mx.