A menos de cuatro meses de la elección, el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció un protocolo para dar protección a candidatos en zonas de riesgo. Quienes lo soliciten y justifiquen contarán con la protección de vehículos de escolta y guardias en proporción a su nivel de riesgo (hasta cuatro vehículos y 10 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional).
Días antes, el magistrado electoral Felipe de la Mata propuso un botón de pánico para los candidatos y familiares en peligro. Asimismo, sugirió la opción de voto anticipado por correo o por internet en algunos municipios para evitar que los votantes sean acosados durante la jornada electoral.
Desde hace dos décadas, diversas voces alertan de los riesgos de las ejecuciones de políticos y personas candidatas, tan pronto llega un proceso electoral. Y tan pronto concluye, nadie discute el problema hasta el siguiente ciclo.
Hace dos años, los presidentes de los partidos de la coalición opositora acudieron a la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington para denunciar la penetración del crimen organizado en las elecciones de 2021. Allá y acá algunas voces reseñaron cómo metieron mano en las elecciones de gobernador en Sinaloa, Colima, Michoacán y Baja California Sur.
El senador Mario Zamora denunció que en Sinaloa hubo intervención de grupos criminales, lo que llevó a afirmar que “ganó el miedo” en esa entidad, como evidencia el hecho de que solo el 50 por ciento de los sinaloenses participaron en la votación.
A pesar de los indicios de la intervención del crimen organizado en las elecciones, el Tribunal Electoral desestimó las acusaciones y validó los comicios.
Nuevamente, estamos en temporada electoral y florece la violencia política. En las últimas dos se han registrado varias ejecuciones, entre ellas Jaime Vera Alanís, quien era precandidato a la presidencia municipal en Jalisco, Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social del municipio de Fresnillo y Jorge Antonio Monreal Martínez, ambos familiares del senador Ricardo Monreal.
Los esfuerzos protocolarios del INE y de la Secretaría de Seguridad Pública sirven de muy poco. Son respuestas superficiales para salir del paso. En el caso del INE no es su responsabilidad pero está obligado a hacer algo y comúnmente ha sido ser intermediario entre candidatos y autoridades.
¿Acaso son suficientes diez guardias y cuatro vehículos para evitar que un candidato sea ejecutado? Además, ¿cuál será la duración de esta protección? Es evidente que si un candidato no es atacado durante la campaña, aún podría estar en riesgo después de que termine la campaña o mientras ocupa el cargo.
Lo que está en juego, más allá de la vida de candidatos que se postulan en zonas de alto riesgo, es el futuro del voto libre y la democracia misma. En este momento, decenas o aun centenas de personas que aspiran a candidaturas a alcaldías y regidurías u otros cargos locales en zonas controladas por el crimen organizado ya han tenido que pedir permiso a los jefes locales, han hecho pactos y han recibido apoyo.
El daño ya está hecho. Y frente a esa afrenta, el gobierno responde con policías y patrullas.
Lo más preocupante no es la violencia activa (los secuestros, las amenazas y los ejecutados), sino el sometimiento silencioso de comunidades.
La protección a candidatos es una medida marginal frente a la magnitud del problema. Lo que se requiere es que el Estado mexicano recupere la soberanía sobre los territorios ocupados. Cuando ello ocurra, se recuperará la libertad del sufragio y los candidatos serán liberados del temor a morir en el intento de gobernar.