Una vez que López Obrador publique la reforma constitucional del Poder Judicial, seguramente en los últimos días de su mandato, un artículo transitorio establecerá los plazos de remoción de las once personas ministras de la Suprema Corte y la convocatoria para una elección extraordinaria en 2025 de las nueve personas que conformarán el nuevo Pleno de la Corte.
La enmienda podrá incluir también la elección de casi mil 800 cargos judiciales (jueces, magistrados y consejeros de la Judicatura Federal), de tal forma que habría un calendario para su elección. Por su número, se trataría de un calendario de campañas y elecciones nutrido durante los próximos años.
Para definir quién puede competir para persona ministra se presentarían 30 candidaturas: diez propuestas por el presidente de la República (Morena), diez por el Congreso de la Unión (cinco por cada Cámara) mediante mayoría calificada (Morena), y otras diez por el Poder Judicial, mediante mayoría de seis votos a través del Pleno.
Las 30 personas candidatas tendrían un periodo de campaña. Sin embargo, no contarían con financiamiento público ni privado, según la propuesta de López Obrador. Solo habrá acceso a tiempos de radio y televisión para transmitir debates y propuestas. Pero sin acceso a financiamiento público o privado, ¿cómo se puede hacer campaña?
Hay tres respuestas. Una, que te apoyes en las estructuras de los partidos; dos, que recibas dinero por debajo de la mesa. Y tres, que compitas de buena fe, con base en tus ideas y saliva, confiando que afuera habrá un electorado ansioso de votar por los mejores perfiles.
Una campaña de ministro de alcance nacional requiere de varios millones de pesos, acaso decenas, para ser exitosa. Como referente, una campaña promedio de diputado federal cuesta 7 u 8 millones en zonas urbanas.
Quienes tengan dinero podrán fondearse con su patrimonio; o bien, aceptar donaciones ilegales (tanto de recursos públicos como privados) y, eventualmente, el crimen organizado podrá apoyar candidaturas.
Si tú pagas la campaña querrás reponer tu inversión; si te la paga alguien más, te la cobrará con favores judiciales. En ambos casos, las campañas serán una oportunidad de captura, no de liberación, como sugiere López Obrador. Por otra parte, difícilmente habrá interés general en las campañas de 30 personas desconocidas que harán campaña para prometer que cumplirán la ley y defenderán la Constitución. ¿O acaso pueden ofrecer algo diferente a su misión que, reitero, es defender la Constitución?
Seguramente habrá eventos en universidades y entrevistas en medios de comunicación. Pero ¿acaso las 30 personas tendrán acceso equitativo? La Facultad de Derecho de la UNAM, por ejemplo, ¿invitará a las 30 candidaturas para dar conferencias o debatir? ¿Organizará debates grupales?
Aunque la encuesta que dio a conocer ayer la virtual presidenta electa dice que una mayoría apoya la elección popular de jueces y ministros, se trata de una respuesta políticamente correcta. La siguiente pregunta será cuánto tiempo dedicarán para informarse de las campañas de 30 candidaturas que por definición serán muy especializadas e inentendibles para el grueso de la población.
Si la consulta de revocación de mandato en 2022 convocó a las urnas al 17.7 por ciento del electorado, ¿qué participación podrá tener la elección de ministros? ¿Y la de jueces?
Con una baja tasa de participación, los ganadores serán aquellos apoyados por los partidos que logren movilizar votos a su favor.
Solo los que tengan dinero o conexiones políticas podrán acceder a la Corte. Lejos de liberar a los ministros de intereses económicos, los atarán más.
Efectivamente, hay un problema grave de corrupción de jueces en México. Su captura ocurre en el ejercicio de funciones. El problema con la supuesta solución que da López Obrador es que la captura ocurriría incluso aun antes de llegar al cargo.