Congreso y campañas
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Congreso y campañas

06/02/2018
Actualización 06/02/2018 - 10:53

Inició el último periodo de sesiones de la LXIII Legislatura con muchos senadores y diputados que han pedido licencia para competir por otros cargos y con las campañas como el centro de atención de la vida política del país. Uno supondría que poco ocurrirá en los próximos meses en los salones del Congreso más allá de la estridencia para apoyar campañas o atacar adversarios. No obstante, hay asuntos muy relevantes que deben atender los legisladores antes de concluir su mandato.

El más relevante de todos –fundamental para el futuro de la procuración de justicia– es la expedición de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y el consecuente nombramiento del primer fiscal general. Si este asunto no se desahoga en las próximas semanas, la reforma de 2014 que le daría autonomía constitucional a la PGR morirá en los hechos. Si el nuevo presidente de México que tome posesión en diciembre de 2018 asume el cargo sin un fiscal en funciones, no habrá razón o motivación para que empuje una reforma que limitará su mandato y con ello pierda una de sus atribuciones más poderosas: perseguir e investigar hechos delictivos a través del Ministerio Público. Es obvio que cualquier presidente procedería a nombrar a un procurador general con el que simpatice y dejaría morir el proyecto que yace inerte por pleitos políticos.

Ya vamos tarde. Aun si se nombrara al nuevo fiscal de forma inmediata con el consenso de las fuerzas del Senado, lo más probable –en caso de que el nuevo presidente sea López Obrador– sería desdeñar el nombramiento, adjudicarlo a la 'mafia del poder' y remover al fiscal para nombrar uno nuevo. Aunque si bien, para hacerlo, tendrían que comprobar que ese último incurrió en una falta administrativa grave.

El largo proceso y la espera han debilitado ya la reforma. La propuesta del movimiento 'Por una Fiscalía que sirva' es deseable pero carece de viabilidad política en este momento, pues implica una reforma constitucional que tendría que ser aprobada por congresos locales y ambas cámaras del Congreso de la Unión.

El segundo asunto que atender es el nombramiento del auditor superior de la federación. Como en el caso anterior, si no se realiza en las próximas semanas, su nombramiento se complicaría enormemente con el arribo de una nueva Legislatura (septiembre 2018) y después con un nuevo gobierno (diciembre 2018). Cabe señalar que la designación estaba a punto de votarse en el Pleno, en diciembre pasado, cuando el PAN se desistió sin una explicación clara. ¿Podrá nombrarse ahora que la estridencia de las campañas es mayor que hace pocas semanas?

El tercer asunto relevante es acatar el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para expedir la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional en materia de publicidad gubernamental. Si la Legislatura espera cumplir con la fecha fatal impuesta por la SCJN (30 de abril de 2018), ya debía empezar con el trabajo en comisiones. El Congreso no debe desestimar que la Corte pueda solicitar la remoción de los presidentes de ambas cámaras en caso de ser omisos nuevamente, lo cual podría ser algo inocuo puesto que su periodo termina el 30 de agosto, pero tendría alto impacto en medio de las campañas.

Este domingo terminan las precampañas e inicia el periodo de las llamadas intercampañas. Ambas son neologismos para denominar lo que en realidad son campañas abiertas, cuya única restricción es no llamar abiertamente al voto. Según el primer reporte electoral 2018 de Integralia, la campaña del proceso electoral 2017-2018 durará más que la de 2006, que se realizó con la legislación anterior, la cual fue suplantada por la reforma de 2007 y que buscaba acortar las campañas para abaratar el costo de la democracia.

La promesa de abaratar el costo de las campañas ha sido eso, simple promesa. Este año el costo presupuestario de la democracia electoral en el ámbito federal aumentará 20 por ciento en términos reales respecto a 2012. El INE recibirá el presupuesto más grande de su historia para, entre otras cosas, fiscalizar todas y cada una de las campañas en disputa. Por ejemplo, si hubiera tres candidatos por cada cargo en disputa, el INE tendría que fiscalizar más de 10 mil campañas. Y en realidad serán más.

La fiscalización será el reto más grande que enfrentará la autoridad electoral. Más allá de las capacidades técnicas o burocráticas del INE, el dinero en la política continúa siendo la deuda más importante de las sucesivas reformas a nuestro sistema electoral. Hoy se gasta mucho más que ayer y ha sido imposible controlar el financiamiento ilegal. Además, este también ha sido el principal argumento para judicializar el proceso electoral. Sin duda este año se buscará impugnar los resultados y seguramente el argumento tendrá que ver con el dinero. En principio, esta creciente tendencia en nuestra democracia tiene dos efectos negativos. En primer lugar, la nueva administración iniciará cuestionada y con poca legitimidad. En segundo lugar, las elecciones se deciden en un tribunal y no en las urnas.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.