Si eres político y quieres evadir la realidad, haz una ley: prometes mundos mejores, cosechas aplausos y, si nada cambia, ya será culpa de quienes la implementaron. Lo más probable es que nadie te reclame en algunos años.
Por ejemplo, la Ley General de Víctimas –publicada en 2013– buscaba garantizar los derechos de las víctimas y la reparación integral del daño. Fue uno de los anuncios de Peña Nieto en su toma de protesta. Sin embargo, su funcionamiento ha sido tan deficiente que muy pocas víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos han sido atendidas.
Otro ejemplo. En 2014 entró en vigor el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas y alimentos calóricos para combatir la obesidad. Se prometió construir bebederos en todas las escuelas del país. Hoy la obesidad es mayor que hace seis años, no se cumplió con la cobertura prometida de agua potable y muy pocos recursos han sido canalizados para la prevención.
La semana pasada el Congreso de Oaxaca aprobó una modificación a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir la distribución, donación, regalo, venta y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico a menores de edad. Dijeron –igual que con el IEPS de 2014– que era un paso firme para combatir la obesidad.
La nueva legislación –que aún debe ser promulgada por el gobernador Murat– tiene muchas deficiencias: la más grave es que no ataca el problema de fondo y distrae la atención de lo fundamental. Las causas de la obesidad son diversas, entre ellas los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, la desigualdad y la pobreza, la falta de actividad física en las escuelas y la falta de bebederos para tomar agua potable.
Sin embargo, diputados de Morena y de otros partidos en todo el país han emprendido una campaña para acusar a la industria de alimentos procesados y de bebidas azucaradas de ser los principales causantes del problema de la obesidad. Claramente el exceso de su consumo es un factor perjudicial, igual que lo es beber atole, comer tamales o tlayudas en exceso.
Una taza de atole y un tamal contienen más de mil calorías, mientras que un refresco de soda contiene entre 140 y 250. Una deliciosa tlayuda oaxaqueña puede contener hasta 300 calorías, mientras que un pastelillo empaquetado contiene 246.
Claramente ningún político va a establecer un impuesto a las gorditas de chicharrón, pero si se tratara de atacar las causas reales de la mala alimentación, habría que tratar a todos los alimentos con exceso calórico de la misma forma. Y mejor aún, establecer un impuesto genérico a los insumos que causan los problemas de salud, eso es, el azúcar, el sodio y las grasas.
Asimismo, los diputados oaxaqueños lograrían mucho si exigieran que el gobierno federal completara la construcción de bebederos en todas las escuelas públicas del país, como prometió que lo haría el gobierno de Peña Nieto. También se lograría mucho si las autoridades sanitarias realmente destinaran la totalidad de la recaudación del IEPS a refrescos y alimentos de alto valor calórico para campañas de prevención.
El impuesto establecido en 2014 ha generado decenas de miles de millones de pesos en ingresos fiscales, pero una fracción mínima se ha destinado a la prevención de la obesidad. El IEPS ha sido una gran fuente de dinero para el gobierno que se ha justificado bajo una bandera de salud pública que no la ha sido en los hechos.
Finalmente, la iniciativa oaxaqueña tiene un desafío de implementación. Habrá cerca de 55 productos que no podrán ser adquiridos por menores de 18 años, entre ellos sopas, pastas, gelatinas, cereales y bolillos. Casi cualquier adolescente o niño que entre a una tiendita podrá ser sospechoso de contribuir a que se viole la ley si logra comprar una sopa maruchan, por ejemplo. Como me dijo un amigo abarrotero de Oaxaca: "sería más fácil prohibir la entrada de menores de edad a cualquier tienda de abarrotes o miscelánea".
Ser frívolo significa quedarse en la superficie, aparentar, simular y no hacer las cosas con la seriedad e importancia que merecen. Cuando los diputados hacen leyes para ir con la moda o ganar un aplauso momentáneo sin atacar los problemas de fondo están siendo frívolos en su actuación.