Los riesgos políticos del Presupuesto 2020
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Los riesgos políticos del Presupuesto 2020

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Los riesgos políticos del Presupuesto 2020

17/09/2019

El Proyecto de Presupuesto 2020 (PPEF) es responsable fiscalmente, pero no refleja todas las prioridades del presidente López Obrador. Aunque muchos sugieren que descansa sobre bases muy optimistas (producción petrolera y crecimiento del PIB), el mayor riesgo es para el propio gobierno porque su Presupuesto austero hace inviable su propio proyecto político. Dicho de otra forma: el Presupuesto privilegia la austeridad y el balance fiscal, pero ello vuelve inalcanzables varias propuestas de la cuarta transformación. Para algunos es una buena noticia; para otros podría ser una claudicación.

López Obrador ha esbozado cinco grandes prioridades: combate a la corrupción, programas sociales, rescate de Pemex, obras insignia de infraestructura (refinería, tren y aeropuerto) y seguridad pública (Guardia Nacional). El PPEF 2020 canaliza sumas significativas de recursos a sólo dos de ellas: rescate de Pemex y gasto social. La inversión en infraestructura, la seguridad pública y el combate a la corrupción se rezagan, dificultando que el gobierno cumpla sus promesas en estos ámbitos.

Según un análisis de Integralia Consultores, para los proyectos de infraestructura prioritarios del gobierno (refinería de Dos Bocas, aeropuerto de Santa Lucía y Tren Maya) el Presupuesto se reduce en 29 por ciento en términos reales, con una disminución de 65 por ciento en el presupuesto para el nuevo aeropuerto. Este presupuesto para Santa Lucía (de sólo 5.6 por ciento del costo estimado) hace que su meta de construcción de tres años sea inviable. De hecho, lo más probable es que se amplíen las instalaciones militares pero nunca se construya el aeropuerto. El próximo gobierno seguramente retomaría el proyecto de Texcoco.

Aunque la refinería sí se construirá, hay una reducción en términos reales de su presupuesto, lo que implica que, al ritmo actual de inversión pública, difícilmente se cumplirá la expectativa de terminarla en 2021. Se llevará cinco o seis años, de tal forma que el Presidente podrá inaugurar una parte del complejo.

En materia de combate a la inseguridad no se asignó ninguna plaza a la Guardia Nacional. Por el momento, los 58 mil 602 elementos de la Guardia siguen adscritos a Sedena, Semar y Policía Federal, eso es: no hay Guardia en el horizonte sino una continuación de las labores de patrullaje de las Fuerzas Armadas, como ha sido en los últimos dos sexenios. Se propone una reducción de 0.32 por ciento y 28 por ciento del presupuesto que reciben estados y municipios para la profesionalización de policías y el fortalecimiento de mecanismos de prevención del delito y reinserción social. Por tanto, crece el riesgo de que las autoridades locales se desentiendan de las tareas de seguridad pública, alegando carecer de los recursos suficientes.

En materia de combate a la corrupción, el presupuesto para la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es de tan sólo 10 millones de pesos, una reducción de 70 por ciento sobre el ya exiguo presupuesto de 2019. Esta cantidad sólo alcanza para cubrir los sueldos del titular y de algunos servidores públicos, lo que dificulta su capacidad operativa para desahogar los expedientes acumulados y menos aún iniciar nuevas carpetas de investigación.

Pocas mejoras (en lo inmediato) en las labores de la Fiscalía General de la República (FGR). A reserva del contenido del Plan Estratégico de Transición y el Plan de Persecución Penal de la FGR (en proceso de elaboración), la investigación de los delitos de corrupción se concentrará en casos emblemáticos, pero será escueto para abarcar el grueso de los expedientes.

Hay un riesgo de conflictividad política y social. La reducción del presupuesto para estados y municipios de 4.1 por ciento eleva el riesgo para las finanzas estatales y municipales, lo cual podría conducir a mayor deuda con proveedores, endeudamiento de corto plazo y deterioro de los servicios públicos. Las entidades que no forman parte de los proyectos insignia de obra pública (Tabasco, con Dos Bocas, península de Yucatán, con el Tren Maya e istmo de Tehuantepec) carecen de recursos para inversión y su economía local se verá mermada. Se espera conflictividad regional y fricción entre la Federación y los gobiernos estatales.

Es una buena noticia que el gobierno sea realista y contraiga los recursos para sus propios proyectos en aras de la estabilidad fiscal. El problema de largo plazo es que estos presupuestos austeros sólo generan estancamiento. No son motores de transformación. Se ha repetido hasta la saciedad, pero debe hacerse una vez más: la única política social transformadora es aquella que reparte mejor las rebanadas del pastel, pero de un pastel más grande. No hay forma de que mejores a los rezagados si las rebanadas siguen siendo tan pequeñas.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.