Octavo Reporte Legislativo de Integralia
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Octavo Reporte Legislativo de Integralia

28/08/2018
Actualización 28/08/2018 - 12:48

Todos ven a López Obrador, pero pocos lo hacen con el nuevo Congreso. Esta semana inicia la nueva Legislatura, que será medular para definir el papel que jugarán los partidos desde el Congreso: si será uno testimonial (de rubricar las decisiones presidenciales, como ocurrió con el PRI durante varias décadas en el siglo XX), o si jugarán un papel de contrapeso profesional y responsable, eso es, que acompañen al Presidente en su agenda de cambio, pero que también exijan cuentas y emitan opiniones de crítica cuando haya lugar.

La LXIII Legislatura, que concluye esta semana, reprodujo muchos problemas que el Reporte Legislativo de Integralia ha detectado desde su primera evaluación, en 2011: un elevado activismo legislativo que se traduce en un número creciente de iniciativas de ley, la mayoría de las cuales no se dictamina; un uso extenso de la tribuna para fijar posiciones políticas mediante exhortos y puntos de acuerdo; un deficiente funcionamiento del sistema de comisiones; así como opacidad en el manejo recursos humanos y financieros.

Entre 1988 y 2018 el número de iniciativas presentadas creció de 315 a 6,186 en el caso de Diputados. En el Senado la cifra pasó de 36 en la Legislatura LVII (1997-2000) a 1,953 ahora. Esta explosión es reflejo de la creencia de que presentar muchas iniciativas es sinónimo de productividad. Falso. El Congreso no es fábrica de chocolates cuyo desempeño deba medirse por volumen, sino por la calidad de lo que produce. En ocasiones el Legislativo hace bien su trabajo cuando evita que malas ideas se conviertan en leyes.

Acaso el mayor problema del Congreso mexicano es el deficiente sistema de comisiones, el corazón donde se realiza el trabajo técnico de análisis y dictaminación de propuestas de ley. El Congreso tiene 187 comisiones, entre ordinarias, especiales y bicamerales. Se trata de un número excesivo que coloca al Senado mexicano como la segunda Cámara alta con más comisiones en el mundo, y a la de Diputados como la tercera Cámara baja con más comisiones. La burocratización del sistema de comisiones es resultado del clientelismo legislativo: dar cargos y estructuras burocráticas a legisladores para su promoción política personal con cargo al erario y a la eficiencia del trabajo legislativo.

La multiplicación de las comisiones entorpece el trabajo legislativo, duplica funciones y con frecuencia genera lentitud en el proceso de dictaminación, porque una iniciativa es enviada para su estudio a varias comisiones cuya materia se traslapa.

El presupuesto aprobado del Congreso (ambas cámaras más la Auditoría Superior de la Federación) ha aumentado –en términos reales– de 9,231 millones de pesos, en 2000, a 15,575 millones, en 2018. En la Legislatura que concluye el presupuesto se mantuvo constante, incluso tuvo un ligero descenso en términos reales. No obstante, se observa un sobreejercicio en los últimos años. Por ejemplo, en 2017 el gasto fue 2.7 por ciento más de lo aprobado.

Una asignatura pendiente es reducir los montos de asignaciones a grupos parlamentarios, recursos que funcionan en ocasiones como “caja chica” de los coordinadores parlamentarios. Aunque su monto disminuyó en términos reales a lo largo de esta Legislatura, sigue siendo muy elevado: en 2017 fue poco más de 2 mil millones de pesos en ambas cámaras. En la práctica es una suerte de financiamiento adicional de los partidos políticos.

¿Qué se propone? Mejorar el funcionamiento del sistema de comisiones y reducir su número a la mitad. Asimismo, limitar la creación de comisiones especiales para casos que, por su trascendencia y urgencia, requieran de un órgano colegiado que dé atención especial a algún tema de coyuntura.

También reducir el monto de las subvenciones a los grupos parlamentarios y transparentar su uso; profesionalizar el proceso de aprobación del presupuesto y seguimiento del ejercicio del gasto público; eliminar la etiquetación de proyectos o partidas del presupuesto para erradicar la práctica de los “moches”, y regular la figura de la reelección legislativa, que entra en vigencia en 2021 para diputados federales y 2024 para senadores.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.