El eje toral de la narrativa política del presidente López Obrador es el combate a la corrupción. Lo usa en todo momento y lugar. En los últimos días ha presentado la crisis del desabasto de combustibles y aun la tragedia de la explosión del ducto de Tlahuelilpan como parte de su lucha contra la corrupción. Sin embargo, su discurso tiene contradicciones y omisiones que pueden vulnerar la meta de construir un gobierno honesto, como tanto ha prometido AMLO desde hace dos décadas.
Primer argumento: yo no soy vengativo, ofrezco perdón. Contraargumento: aplicar la ley no es venganza, sino cumplir con una obligación constitucional. Los gobernantes no tienen una función moral de dar perdones, sino de garantizar la convivencia pacífica e igualitaria entre los ciudadanos mediante la aplicación irrestricta de la ley.
Segunda contradicción: si persigue a todos los corruptos, "no alcanzarían las cárceles ni los juzgados". Un seguidor suyo, José Agustín Ortiz Pinchetti, dijo lo siguiente hace algunos meses: "Si se persigue a todos necesitaríamos estadios para alojarlos (…). Grandes recursos humanos, necesarios para gobernar, serían empleados en esa tarea. La agitación y la desestabilización política serían enormes". Bajo el mismo argumento, perseguir al crimen organizado te llenaría varios estadios de futbol. Mejor no hacerlo por incapacidad para procesarlos.
Tercera contradicción: vamos a acabar con la horrenda corrupción con un modelo de borrón y cuenta nueva. Contraargumento: si no se castiga el pasado, no hay ninguna razón para pensar que habrá una limpieza moral de la sociedad por arte de magia. No sólo eso, quienes se han portado bien se sentirán agraviados y hasta tontos: mejor haber delinquido y ser legitimado por el nuevo gobierno.
Cuarta contradicción: no hay todavía ningún planteamiento integral de López Obrador para que su teoría del punto final sea eficaz. Siendo la corrupción la bandera central de sus tres campañas presidenciales, llama profundamente la atención que no haya hecho un planteamiento integral, tan sólo medidas aisladas como hacer de la corrupción un delito grave. La semana pasada concluyó el periodo extraordinario del Congreso sin que se haya logrado ese objetivo. Por cierto, no existe un delito que se llame corrupción. Lo que hay es un catálogo de delitos que tipifican hechos de corrupción.
Quinta contradicción: López Obrador no perseguirá a los corruptos del antiguo régimen, salvo que el pueblo decida otra cosa. Ya anunció una consulta para el 21 de marzo, en la cual una pregunta reza: "¿Crees que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, debe de promover que se juzgue para que haya justicia y no sólo se persiga a 'chivos expiatorios' y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y otros delitos a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿Sí o no?"
Pero entonces pierde su contundencia de que no mirará al pasado, "no es mi fuerte la venganza, si bien no olvido, sí soy partidario del perdón y la indulgencia". Si el pueblo lo decide, y no hay duda de que perseguir a expresidentes, tendría un respaldo mayoritario, entonces su promesa de punto final es cascarón vacío. Y si inicia la investigación de expresidentes, ¿irá más abajo?
Por cierto, prometer que se perseguirá a los expresidentes si el pueblo lo decide es engañoso, ya que en la mayor parte ya hubo prescripción de la acción penal y en otros casos no habrá pruebas.
Sexta contradicción: no reprimirá a las personas que por necesidad o por falta de información recurren a delinquir a través de la práctica del huachicoleo. ¿Y quién define 'necesidad'? ¿Y quién juzga las necesidades de unos y otros? ¿Se trata de un criterio de monto o de pobreza o de falta de oportunidades?
Corolario de optimismo. Quizá tiene razón Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, cuando –ante críticas de que López Obrador quiere perdonar a los corruptos– responde que el presidente no es el responsable de denunciar actos de corrupción, sino el nuevo fiscal general de la República, el auditor superior de la Federación o el Congreso. Quizá hay un engaño benigno de López Obrador cuando afirma que él no emprenderá acciones contra funcionarios del pasado, pero si alguien más lo hace, adelante. Cuando caiga el primer pez gordo y le pregunten porque no cumplió su oferta de perdón a los corruptos del pasado, AMLO podrá decir que fueron otros, no él.
Finalmente, hay una razón táctica que puede estar detrás del supuesto perdón de López Obrador. Si anunciara como meta de su gobierno encarcelar a los corruptos, como lo hizo el presidente Fox (los peces gordos) o los gobernadores Jaime Rodríguez, El Bronco, o Javier Corral, su probabilidad de éxito sería muy baja, como la de aquellos. La razón: los procesos penales y administrativos son complejos, tortuosos y la evidencia de los actos de corrupción es escasa.