La maniobra legislativa para extender el periodo del gobernador electo tiene al menos cuatro consecuencias. 1) Corroe la narrativa del presidente López Obrador de que ellos [Morena y la 4T] son "diferentes" –los mismos partidos han acusado traición y corrupción y personajes de Morena han advertido que se trata de una provocación legal y política; 2) exhibe la falta de comprensión de lo que significa el Estado democrático de derecho [la presidenta de Morena, por ejemplo, ha justificado la medida porque "la gente lo pide"]; 3) da argumentos a los críticos del presidente López Obrador de que se trata de un experimento para tentar las aguas, cambiar la Constitución y buscar su reelección en 2024; y 4) afecta la reputación del gobernador electo, Jaime Bonilla, aun antes de tomar protesta y polariza el ambiente político local.
La probabilidad de que se materialice la reforma constitucional para extender el plazo del nuevo gobernador es prácticamente igual a cero. ¿Qué gana Jaime Bonilla en esperar el veredicto revocatorio de la Suprema Corte y entonces asumir completamente la derrota? El gobernador electo ha hecho ya designaciones de su futuro gabinete y está inmerso en la planeación de su nuevo gobierno. ¿Para qué construir una nube de duda sobre su persona en lugar de abocarse a generar un contraste con el gobierno saliente del PAN, que ha sido castigado y repudiado en las urnas? Lo que menos tiene el nuevo gobernador es tiempo, y el poco que le queda se está dilapidando en este conflicto legislativo.
El gobernador electo debiese ser el más interesado en deslindarse del traspié legislativo para honrar la palabra del presidente de la República, quien repite día tras día que "no somos iguales". Desafortunadamente, Bonilla esperará que la Suprema Corte se pronuncie (y quizá también el Tribunal Electoral) en lugar de agarrar el toro por los cuernos. Al hacerlo, obrará en contra de su propio interés político. Ayer el futuro secretario general de gobierno, un funcionario experimentado, explicó su visión jurídica del caso y descartó que Bonilla vaya a deslindarse de la reforma constitucional. En algunos meses veremos en retrospectiva que se trató de un juego de suma negativa para los involucrados: todos habrán perdido.
Se puede alegar que una gubernatura de dos años es disfuncional para la planeación estratégica del nuevo gobierno y el desarrollo de la entidad. Y efectivamente lo es. También se podría alegar el gasto que implica organizar nuevos comicios en 2021, pero el argumento no aplica en Baja California porque en 2021 de cualquier forma habrá comicios de diputado federal, de tal forma que el costo de incluir la boleta de gobernador es marginal.
No sólo eso, los experimentos de minigubernaturas fueron negativos. Casos semejantes ocurrieron en Veracruz y Puebla, quienes optaron por la misma salida y tuvieron minigobernadores en 2016 que concluyeron en 2018. Por cierto, se comenta que el objetivo real en ambos casos no era la homologación o el ahorro de recursos, sino una suerte de control político que los dos exgobernadores querían ejercer sobre su sucesor. En ambos casos, el experimento tuvo altos costos, pero esa es otra discusión.
Aquí el principio a tutelar es la certeza jurídica y la protección del Estado de derecho. Si se permite que un Congreso modifique las reglas del juego de forma ex post y con una clara dedicatoria para beneficiar a alguien, se rompen los fundamentos del Estado de derecho: la imparcialidad, la certeza y la objetividad.
¿Qué sigue? Una acción de inconstitucionalidad que pueden presentar los partidos políticos y que deberá resolver la Corte antes del 1 de noviembre, fecha de inicio del nuevo gobierno. También un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral cuando se busque aplicar la reforma y modificar la constancia de mayoría que tiene el gobernador electo y que dice "dos años". Ya sabemos lo que dirá. Y finalmente juicios de amparo, por ejemplo de organismos empresariales, que sientan agraviados diversos derechos por el cambio legislativo.
Parece obvio lo que resolverá la Corte y el Tribunal Electoral. Por eso llama la atención doblemente este caso. Si se trató de un acto de ignorancia jurídica, simplemente será corregido por las cortes y será una de las anécdotas recientes más vergonzosas del PAN (y también de los promotores al interior de Morena). Si se trató de soborno, el pagador habrá sido ingenuo de pensar que un voto local resuelve un asunto que atañe al orden constitucional federal. Dinero tirado a la basura.