No se trata de las iniciales rusas de la extinta Unión Soviética, sino aquellas del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). La creación del SNA fue un logro muy importante de diversos grupos de la sociedad civil y de partidos políticos que, aprovechando la enorme crisis de credibilidad del gobierno anterior en temas de combate a la corrupción, lograron una nueva legislación en 2016 y "ciudadanizar" el órgano de supervisión y coordinación del sistema.
La envoltura bajo la cual se llevó a cabo la recolección de firmas para presentar una iniciativa ciudadana fue la llamada 'Ley 3de3', eso es, la obligación de que los funcionarios públicos tuvieran que presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés. No era ni es la parte sustancial de la legislación, pero sí la más simbólica.
La legislación entró en vigor, se nombró a los integrantes del llamado CPC, quienes tuvieron la encomienda de diseñar los formatos para que los funcionarios públicos presentaran sus declaraciones 3de3. Después de más de un año de que entró en vigor la ley, finalmente se presentó la propuesta que fue aprobada en septiembre de 2018. Pero meses después, el 21 de marzo pasado, los integrantes del SNA, en contradicción a lo que habían votado el año pasado, rechazaron los formatos "porque son inoperantes y no sirven para identificar posibles casos de corrupción o enriquecimiento ilícito".
Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública e integrante del SNA, declaró que "si llegáramos a aplicar ese formato no hubiéramos podido analizar la evolución patrimonial de los servidores públicos, dado que estaríamos imposibilitados de contrastar la nueva información que se nos proporcione con la historia registral con la que se cuenta hoy en nuestras bases de datos, y ello verdaderamente implicaría el famoso y controversial: borrón y cuenta nueva que esta Secretaría de la Función Pública (SFP) rechaza rotundamente".
La secretaria tiene razón: los formatos son excesivamente complejos y largos y la Secretaría Ejecutiva del SNA no cuenta con las capacidades técnicas para sistematizar esa información, principalmente porque la Plataforma Digital Nacional aún no se ha construido y no está operando (otra de las grandes deudas del SNA). El formato podría simplificarse mucho precargando la información que ya tiene el gobierno federal sobre los servidores públicos y solamente pidiéndoles que verifiquen la información precargada, modifiquen los cambios y den la nueva información que se les solicita.
Sin embargo, posponer la entrada en vigor de los formatos propicia aumentar el retraso en la implementación de la nueva legislación y, además, no se cumple con el objetivo de Sandoval, de evitar el "borrón y cuenta nueva": los servidores públicos que dejaron su cargo el 30 de noviembre pasado, con el término del sexenio, ya no están obligados, desde el 29 de enero de 2019, a presentar una declaración, pues en esa fecha concluyó el término establecido para presentar su declaración de conclusión.
El CPC no ha emitido una postura respecto al cambio de formato y su presidente votó a favor de la propuesta, en contradicción con lo que este mismo órgano propuso hace pocos meses. Hay dos opciones: acepta el error que cometió el CPC que ahora encabeza, o bien, su silencio es táctico –igual que el de otros integrantes del sistema que habían aprobado los formatos– para no enfrentarse con el nuevo gobierno. En ambos casos, hay un problema serio.
El nuevo gobierno ha expresado dudas (silencio) respecto a la importancia del SNA. No queda clara cuál será su política en la materia. En ese entorno, el papel activo y pedagógico de los 'ciudadanos' que integran el Comité de Participación Ciudadana del SNA es fundamental. Aunque se trata de una de sus funciones centrales, no ha existido una política ambiciosa y efectiva para explicar al público en general qué es el sistema nacional y para qué sirve.
Asimismo, no han emitido la política nacional anticorrupción, a pesar de que ya se llevaron a cabo foros el año pasado.
La semana pasada se designó a una nueva integrante del CPC, como parte de la renovación escalonada. Bien haría el Comité de Selección, responsable del nombramiento de los integrantes, de emitir una reflexión sobre el desempeño que ha tenido el CPC desde su nacimiento hace dos años.
Si una de las funciones del CPC es exigir cuentas para que las instituciones encargadas de combatir la corrupción lo hagan, es indispensable que rindan cuentas de sus actos y omisiones.