menu-trigger
ESCRIBE LA BÚSQUEDA Y PRESIONA ENTER

Yucatán: Seguro y retrógrado

COMPARTIR

···
menu-trigger

Yucatán: Seguro y retrógrado

17/07/2019

El Congreso de Yucatán votó, en histórica jornada, dos temas de gran importancia para la vida del ciudadano común en el estado. Por un lado, la iniciativa enviada por el ejecutivo para la aprobación de Yucatán Seguro, un programa que le costará 2,620 millones de pesos al estado. Y por otro, el derecho al matrimonio igualitario, que fue puesto a consideración del pleno por segunda ocasión en menos de cuatro meses.

Resulta singular la coincidencia de temas, por decir lo menos y es importante analizar las consecuencias de poner a votación en la misma jornada, dos iniciativas que, ahora veremos, se complementan.

La seguridad ha sido uno de los mejores activos de Yucatán. En todos los indicadores, el estado aparece siempre en los primeros lugares. Y dadas las condiciones de delincuencia que se viven en la mayor parte de las entidades del país, mantener la seguridad en Yucatán es una prioridad de la que ningún ciudadano puede estar en contra. Es prácticamente unánime el deseo de los ciudadanos y las instituciones para mantener el actual clima de paz y tranquilidad.

Por el contrario, el matrimonio igualitario, que lo que busca es reconocer los derechos de todos, más allá de sus orientaciones sexuales, es algo totalmente opuesto: es un asunto que divide y genera pasiones encontradas. El matrimonio igualitario, junto con otros temas como la legalización del aborto, o en su momento el derecho de la mujer a votar, serán siempre polémicos y habrá un sector de la sociedad que se oponga, pues va esencialmente en contra de sus creencias religiosas y morales. Desafortunadamente, eso refleja la intolerancia por los que son diferentes, creyendo que los derechos son exclusivos de los que comulgan con sus mismas ideas.

Yucatán seguro… y caro

La seguridad de Yucatán se ha mantenido bajo el liderazgo del comandante Luis Felipe Saidén Ojeda, que ha estado al frente de la secretaría encargada en 4 de las últimas 5 administraciones estatales. A él se le atribuye en gran medida la percepción de seguridad en la que el estado se mantiene, en contraste con la situación del resto del país. El modelo usado por Saidén Ojeda, es inclusive alabado por el secretario federal del ramo, el doctor Alfonso Durazo, quien, en una reciente visita al estado, dijo que el modelo policiaco de Yucatán podría ser replicado en otras entidades del país.

El gobernador Mauricio Vila Dosal dijo durante la campaña que el único puesto que tenía seguro en caso de ganar las elecciones, era el del comandante Saidén, al mando de la Secretaría de Seguridad Pública, como efectivamente ocurrió.

El ciudadano común, por otro lado, ve en Saidén Ojeda la esperanza de seguir viviendo en tranquilidad como lo hecho siempre, lo que le ha generado al comandante un aura de misticismo, pues mantiene a Yucatán como la entidad más segura del país. Los empresarios también ven con optimismo que el clima actual se mantenga, pues sin seguridad no hay inversión, empleos ni negocios que florezcan.

Bajo este contexto, ¿Quién podría oponerse a continuar con los esfuerzos para mantener la seguridad en el estado?

Prácticamente nadie en su sano juicio. Pero ¿cómo llegamos a la cifra de 2,620 millones de pesos, para pagar en 20 años, es decir, en 3 administraciones posteriores a la actual? ¿Por qué 2,620 millones, y no 300 o 4,000?

Muchas son las preguntas que surgen: ¿Habrá transparencia absoluta en la ejecución de los recursos? ¿Qué proveedores equiparán al gobierno del estado? ¿Es válido el altísimo costo económico que este programa representa, en detrimento de otras áreas importantes de la administración pública? ¿Van estos 2,620 millones de pesos acorde con el actual clima de austeridad que se vive en el estado y en el país?

Preocupa que el congreso le haya dado, sin mayores cuestionamientos, un voto casi unánime, con sólo algunas recomendaciones durante el paso de la iniciativa en comisiones.

Preocupa que no se busque alternativas más económicas y se opte por dar una única opción tan onerosa.

La falta de contrapesos es una invitación a la corrupción. El unánime y auténtico deseo de la sociedad no es motivo para un apoyo irrestricto a la iniciativa. Sin contrapesos se abre la puerta para que los 2,620 millones de pesos sean una jugosa tentación.

Matrimonio igualitario

Por otro lado, el matrimonio igualitario sí que ha encontrado freno en el congreso. Al legislativo le preocupa más que dos personas del mismo sexo ejerzan en libertad un derecho, a que el gobierno disponga de un presupuesto 5 veces mayor que el del arte y la cultura, que son tradicionalmente, junto con la educación y la generación de empleo, las mejores herramientas para la prevención de la delincuencia.

Sería esclarecedor saber si los diputados que votaron en contra lo hicieron por convicción personal y motivados por sus propios prejuicios, o por no asumir el costo político que les implicaría en una sociedad mayormente conservadora. De cualquier forma, están solamente retrasando un cambio en la ley que tarde o temprano tendrá que ser aprobado por el congreso. Sino en esta legislatura, en la siguiente, pues muy seguramente la reiterada negación a un derecho de la sociedad les cobrará factura en las próximas elecciones.

Sin embargo, la unión mediática de estos dos temas hace que se eclipsen mutuamente: por lo polémico que es la unión de parejas del mismo sexo, no se ha cuestionado mucho el asunto de los 2,620 millones. Parece que el congreso saldrá con daños menores.

Golpe al turismo de bodas

Yucatán es un destino muy atractivo para las bodas destino. Parejas de otros países vienen a realizar sus bodas en haciendas y hoteles de lujo. Implica una derrama económica importante, y en ese tema la Secretaría de Fomento Turístico ha comenzado a darle forma a la oferta de este nicho de mercado. El rechazo al matrimonio igualitario, además de ser una afrenta a los derechos de un sector de la población, afecta de manera directa al sector turístico, pues muchas parejas homosexuales que podrían considerar a Mérida y al estado para realizar sus uniones, ya no lo harán.

Estamos dando un mensaje negativo en un mundo que cada vez busca más la inclusión y el respeto a los derechos de todos y todas sin distingos.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.