El menor crecimiento en México no es responsabilidad únicamente del actual gobierno, también de factores internacionales. Miles de pequeñas, medianas y grandes empresas cerraron por el Covid. Basta entrar a un centro comercial para ver locales vacíos y algunos con el letrero de “En renta”. Las cifras del gobierno dicen que el empleo se incrementó, la realidad que vemos alrededor es distinta.
Los ingresos de la mayoría de los profesionales, pequeños empresarios y clase media se redujeron. En Estados Unidos el gobierno bajó impuestos y envío dinero a muchos de los que pagan impuestos para mejorar su situación.
En México ante la falta de recursos, el gobierno en lugar de pasar a los particulares obras como la del Tren Maya o aumentar la capacidad de las refinerías existentes, compró una refinería vieja en Estados Unidos y construye otra en un terreno donde especialistas dijeron no era conveniente construir. En su lugar debieron ampliar y modernizar las seis refinerías existentes que trabajan a la mitad de su capacidad.
El actual gobierno sigue endeudándose. El mes de enero de 2023 anunció la colocación de 4 mil millones de dólares en bonos, que son más deuda. En lugar de bajar impuestos para incrementar la inversión aumenta la burocracia, el papeleo y los requisitos en el pago de impuestos para evitar la evasión fiscal, como si ese fuera el problema. Buscan si alguna persona física o moral dejó de pagar algún impuesto en el pasado para, como si fuera un delincuente, exigirle que pague. Institucionalizaron el “terrorismo fiscal”.
En México, el gobierno, vía impuestos, se queda con 55.1 por ciento de las ganancias de productores y comerciantes; en EU, con 36.6 por ciento, y en Canadá, 24.5 por ciento. El impuesto al consumo es 6.25 por ciento en Texas, 7.25 por ciento en California y 16 por ciento en México.
El gobierno de AMLO debe bajar impuestos y concentrar su gasto en garantizar paz y seguridad. Los robos y asesinatos dolosos aumentan, y en varias partes de México el control lo tiene el crimen organizado, que también cobra sus impuestos o “derecho de piso”, situación que ya rebasó a las autoridades.
Si el gobierno no rectifica el camino, reduce la carga y presión fiscal, y no se concentra en cumplir sus funciones básicas, puede perder el control de la economía y desatarse una crisis que empeore la situación y ponga en peligro el orden social.