En 1811, Alexander Von Humboldt, escribió: "México es un país de desigualdad. No hay un lugar donde exista tan terrible diferencia en la distribución de la fortuna". Ayer, el empresario Nick Hanauer fue tema en la conferencia presidencial matutina por su defensa del crecimiento de la llamada clase media y de la reducción de la enorme brecha que existe en el ingreso, que ya había advertido el explorador prusiano hace dos siglos.
Ese parece ser el fondo de la "economía moral" de la que habla el presidente de la República y los argumentos financieros que diariamente emplean sus críticos, y algunos que no los son tanto, para refutar ese optimismo que mantiene respecto del comportamiento que guarda el país en materia de crecimiento.
Por un lado, el titular del Ejecutivo ha dejado claro desde hace meses que su preocupación está centrada en el desarrollo de la población, en particular de aquellos sectores que menos tienen y a quienes se mantuvo durante décadas como una herramienta electoral a cambio de pequeños subsidios que no eran otra cosa que las migajas que sobraban de la rampante corrupción pública.
Por el otro, agencias, analistas, corredurías, medios especializados nacionales y extranjeros, instituciones financieras globales, alertan con frecuencia acerca de los riesgos permanentes de la economía mexicana, en particular dos: Pemex y la inseguridad en grandes regiones del territorio nacional.
Tanto el plan nacional de infraestructura, diseñado en conjunto con la iniciativa privada, como los grandes proyectos planeados por el gobierno actual (alrededor de mil 600) ya se consideran apuestas para el próximo año y el resto del sexenio, así que el debate mantendrá su vigencia hasta el cierre del primer año de gestión, ¿qué debe contar más, el crecimiento o el desarrollo?
A pesar de que México fue y es una nación con una desigualdad tremenda, la economía ha podido mantenerse entre las principales del mundo gracias a los recursos, ubicación y sectores industriales profesionales que han destacado a nivel internacional.
Sin embargo, la reorientación del gasto y el inédito ajuste de cinturón a la administración pública, secaron muchas de las vías por las que se inyectaban recursos públicos para compensar el desequilibrio en los ingresos. Desmontar ese sistema trajo al menos un semestre en el que la economía mexicana simplemente se detuvo.
Sustituir esos motores económicos que se alimentaban de la corrupción, de la impunidad y de las trampas, por unos que sí estén alineados con el respeto a la ley no ha sido sencillo y en ello ya se fue 2019.
Inyectar dinero de manera directa a beneficiarios de programas sociales, antes inexistentes o marginales, tampoco ha tenido el impacto inmediato, básicamente porque muchas familias usan esos recursos para solventar necesidades inmediatas, adelantar deudas o juntar con el propósito de asumir un compromiso financiero de mediano o largo plazo; y están haciendo lo mismo con las remesas.
Será 2020 el año en el que podremos comprobar si la apuesta de la nueva administración, su frontal combate a la corrupción y a los delitos de alto impacto como el "huachicoleo" se verán reflejados en una recuperación generalizada que también satisfaga a los mercados, indispensables para mantener la confianza mundial en México.
Pero implicará que las autoridades lleguen a un equilibrio entre el crecimiento, fundamentado en el gasto público eficiente, reglas claras de participación y equilibrio macroeconómico, y el desarrollo que deben experimentar familias enteras para salir de la pobreza y cerrar esa grieta de desigualdad que todavía persiste.