Aunque existen ciertos indicadores que miden su impacto negativo en la economía y se tienen algunos cálculos de su poder económico, sabemos poco sobre el alcance real del crimen organizado.
No obstante, en una semana para el olvido en el gobierno de la República, pudimos apreciar parte de la logística y la capacidad de reacción de uno de los cárteles más conocidos y mejor preparados que cohabita con todos nosotros en México.
Durante un operativo erróneo, por decir lo menos, el despliegue de vehículos, delincuentes, armas y hasta refuerzos provenientes de un penal local de Culiacán, dejó claro que hablamos de una corporación ilegal mucho mejor organizada que las instituciones y la sociedad civil que sí obedece las normas establecidas.
No es posible explicar la existencia de un poder económico de ese tamaño sin acudir a la historia que, desde hace unos 90 años, marca a Sinaloa como un estado bendecido por un clima favorable para la agricultura, gente emprendedora y una excelente ubicación para el comercio, nacional e internacional; en resumen, Sinaloa lo tiene todo, bueno y malo.
Por eso, el día en que las autoridades trataron de detener a uno (o dos) de sus principales líderes, ejercieron la fuerza que saben que tienen en un espacio que además dominan gracias a la complicidad, la corrupción y la impunidad forjada durante décadas.
Ese peso que han logrado en regiones enteras es una variable económica que deberemos empezar a analizar con mucho más cuidado a partir de ahora, en el entendido de que estamos buscando, como sociedad y gobierno, desmontar una corporación que rivaliza con cualquiera de las más grandes que han surgido legalmente en el país.
Si bien tiene fundamento la afirmación del presidente de la República de que no hay grupo criminal con mayor capacidad que el Estado, también es cierto que éste se encuentra invadido en diferentes niveles por quienes prestan diversos servicios de protección a la delincuencia más profesional.
Y las instituciones gubernamentales no son las únicas, ¿cómo explicar el desarrollo de este tipo de compañías ilegales sin la posible asistencia de una parte del sector financiero? De la misma manera, ¿cómo combatir al proveedor si no resolvemos en paralelo el problema de la demanda nacional e internacional de los productos que vende el crimen o de la mano de obra que se les une, porque ellos sí ofrecen oportunidades que la legalidad niega?
Porque si queremos en verdad resolver la inseguridad y dar el salto hacia una nación con niveles de criminalidad bajos, todos debemos entender qué se requiere de nuestra parte para lograrlo, ya que es una tarea que involucra a cada ciudadano, desde donde se encuentra, y empieza con acciones simples de respeto a la ley, hasta la denuncia de aquello que afecte nuestro buen y bien vivir.