Entre 2018 y 2020, la pobreza en México pasó de afligir a 41.9 a hacerlo con 43.9 por ciento de la población. La pobreza extrema, de 7 a 8.5 por ciento. Esta información fue presentada ayer por Coneval, el organismo que evalúa la política social del gobierno y que hoy encabeza José Nabor Cruz. La medición de pobreza ya no se hace considerando sólo el ingreso de las personas, sino el acceso a diversos satisfactores: educación, salud, seguridad social, vivienda (tanto en espacios como en servicios) y alimentación.
Si nada más se utilizara el ingreso, la pobreza habría pasado de 49.9 por ciento en 2018 a 52.8 por ciento en 2020, y la extrema de 14 a 17.2 por ciento. Es decir, hay una cantidad importante de mexicanos (cerca de 12 millones) cuyo ingreso es insuficiente, pero se compensa en parte con el acceso a los satisfactores mencionados.
Si revisamos el comportamiento por entidad federativa, los resultados son muy variados. Estados en donde había muy poca pobreza extrema tienen incrementos de más de 100 por ciento, por ejemplo, mientras que otros en donde ese indicador era muy elevado, no logran mejorar de manera significativa. La mejor forma de ver esta información es utilizando los mapas que pueden descargarse de la página de Coneval (www.coneval.org.mx) entrando al anexo estadístico, y ahí seleccionando el botón de ‘mapas’. De verdad es útil, porque no sólo aparece la información para 2018 y 2020, sino el cambio entre ambos años sólo para los casos en los que la diferencia tiene validez estadística.
Indudablemente el caso más grave, entre el acceso a satisfactores, es salud. El mapa correspondiente nos muestra que las 32 entidades tuvieron una caída significativa en este tema, que de por sí es grave, pero peor en medio de la pandemia del siglo. Mientras que sólo 16 por ciento de la población tenía dificultades de acceso a servicios de salud en 2018, para 2020 la cifra es de 28 por ciento. Ningún otro indicador tiene un deterioro tan importante. La razón es muy clara: la desaparición del Seguro Popular y su fallida sustitución por el Insabi. Mientras el primero daba apoyo financiero para poder tener atención en múltiples enfermedades (especialmente las más costosas), el Insabi quiere convertirse en un sistema adicional a los existentes, no lo logra, y casi duplica al número de personas que no pueden atenderse. Pasamos de 20 a 36 millones de mexicanos en esa tragedia.
Uno esperaría que, a cambio, la gran política social del gobierno, la pensión universal no contributiva, fuese un éxito, pero no lo es. El indicador de acceso a seguridad social pasa de 53.5 por ciento de la población que no tenía pensión a 52 por ciento. En número de personas, de 66.2 millones a 66 millones. Prácticamente nada. Esto significa que esa pensión está llegando, en realidad, a quienes ya tenían otra pensión, como lo comentaba Gonzalo Hernández (anterior secretario ejecutivo de Coneval) en un artículo en Reforma. Importa considerar que, sin esta pensión adicional, tal vez 2 millones más de personas habrían entrado en pobreza, pero el costo no es menor. Para que ponga usted las cosas en contexto, esa pensión tiene un costo de 150 mil millones de pesos en este año. El Seguro Popular costó, en 2018, menos de la mitad: 69 mil millones de pesos. Se ayudó a 2 millones con el doble del costo de ayudar a 16 millones.
Puede entenderse el incremento de pobreza como resultado de la pandemia, sin duda, pero también por la falta de medidas dirigidas a aminorar ese golpe y apoyar personas y empresas. No hay manera de ignorar que las políticas públicas de este gobierno: desaparecer Prospera y Seguro Popular, reemplazar con becas, pensiones e Insabi, tienen un impacto aún mayor en la falta de bienestar de la población. Ni en lo social funciona este gobierno.
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